ESCÁNDALO: Municipalidad de Tumbes pagó por productos no aptos para consumo humano 

Eran destinados para comedores populares

La gestión del alcalde Hildebrando Antón va de mal en peor, sumado a ello las desafortunadas declaraciones de la autoridad cuando no sabe cómo justificar su incapacidad como gobernante. En esta oportunidad se cuestiona nuevamente el desempeño de sus funcionarios en algo tan sencillo como es la adquisición de productos adecuados para los comedores populares.

La Contraloría General advirtió riesgos en la gestión del Programa de Complementación Alimentaria (PCA) de la Municipalidad Provincial de Tumbes que abarca 183 comedores populares y atiende a 8600 beneficiarios, además de los 63 que pertenecen al Programa de Alimentación y Nutrición para el Paciente con Tuberculosis y Familia (PANTBC), en los cinco distritos de Tumbes.

Al respecto, el 31 de octubre de 2023 se suscribió un contrato por más de S/1 millón para la adquisición de alimentos, cuya entrega se programó en tres remesas durante los meses de noviembre y diciembre del 2023. El informe N.º 017-2024-OCI/0475-SCC alerta que la entidad pagó por 52 200 latas de entero de Jurel en aceite vegetal de 425 gramos. Precisamente, el 17 de noviembre del 2023, el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES), realizó una inspección sanitaria a las dos primeras entregas de 34 920 latas. 

Como resultado concluyó que las 34 920 latas no son aptas para el consumo humano por no cumplir con los requisitos para determinar el doble cierre de sus envases de hojalata, por lo que existe un potencial de riesgo de contaminación y recomendó prohibir su distribución, comercialización y consumo.  

Cabe resaltar que dicha información se comunicó a la entidad por informe técnico de SANIPES el 16 de enero del 2024. Sin embargo, en la visita de la comisión de control del 5 de febrero del 2024, la Subgerencia de Programas Sociales, a cargo del PCA y PANTBC, no había adoptado acciones concretas respecto a las recomendaciones del organismo de sanidad, lo que generó un peligro para la salud pública de la población beneficiaria. 

Además, se comprobó que los dos ambientes del almacén destinados a ambos programas no cuentan con el espacio físico adecuado que garantice el correcto almacenamiento de los bienes adquiridos, por lo que se tuvo que ampliar la fecha de la tercera entrega de los productos y estos actualmente se encuentran en el almacén del proveedor. Asimismo, no tienen un personal de seguridad permanente que vigile y resguarde los bienes y no poseen extintores suficientes e idóneos, pues el único que había venció en octubre del 2022.

Del mismo, se verificó un inadecuado almacenamiento en los bienes destinados al consumo humano. La comisión de control halló productos apilados en filas de diez cuando de acuerdo a su propia etiqueta, su máximo debería ser solo cinco. A su vez, no cumplen con los espacios exigidos al piso, techo, entre filas, etc., situación que vulnera la norma sanitaria para el abastecimiento de alimentos y pone en peligro la salubridad de los insumos. 

Tampoco se encontraron tarjetas de control visibles que permitan registrar en unidades físicas el movimiento y saldo de cada bien guardado y no se cuenta con un almacenero que realice el control de entradas y salidas. Sumado a ello, al consultar el stock de bienes a la Subgerencia de Programas Sociales, indicaron no tener conocimiento de las cantidades almacenadas en los dos ambientes. 

El documento fue enviado al Alcalde Provincial de Tumbes, Hildebrando Antón Navarro, para que se adopten las acciones necesarias. Además, está publicado en el Buscador de Informes de Servicio de Control del portal institucional www.gob.pe/contraloria en aras de la transparencia y acceso a la información.


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