Informe de contraloría exige se aplique las penalidades al profesional
En un informe de control se detectó que la municipalidad distrital de La Cruz contrató a un consultor impedido de contratar con el Estado y sin acreditar la experiencia requerida para el área usuaria, el profesional pese a saber su situación aceptó elaborar un expediente técnico por el monto de 34 mil soles.
Se trata de Freddy Rolando Salazar Chonate, quien según la Autoridad Nacional de Servicio Civil – SERVIR, se encuentra inhabilitado para contratar con el Estado, sin embargo, aceptó realizar el expediente técnico de ampliación del servicio de agua potable y alcantarillado en el Jr. Buenaventura, en el distrito de La Cruz.
Salazar Chonate, según el informe de Contraloría fue condenado en el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Tumbes por el presunto delito contra la administración pública bajo la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, ilícito penal cometido en la municipalidad distrital de Corrales.
Sin embargo, en octubre del 2021 quedó consentida la pena, después de que desestimaron el recurso de casación presentado por la defensa de Freddy Salazar, siendo inhabilitado por cinco años, es decir cuando la comuna de La Cruz lo contrata se encontraba prohibido de prestar servicios para entidades del Estado.
El sub gerente de estudios de la comuna solicitó a la gerencia de infraestructura y desarrollo urbano la ejecución del expediente técnico de agua y alcantarillado, por lo que se pide la contratación de un consultor, sin embargo, al ser contratado Salazar Chonate no cumpliría con los requisitos exigidos en los términos de referencia.
Cabe mencionar, que dicho consultor fue contratado en junio del 2023 por la elaboración del expediente por el cual se pagó más de 34 mil soles, lo que podría generar una afectación en el correcto funcionamiento en la administración pública.
La Contraloría ha solicitado se apliquen las sanciones al consultor debido a que a pesar de que tenía pleno conocimiento de su inhabilitación contrató con el Estado, además presentó una declaración jurada que indicaba no tener prohibido legalmente brindar servicios a las instituciones públicas.
Además de quienes resulten responsables de la contratación del consultor, de quien se presume se tramitó un favorecimiento para su contratación pese a que legalmente se encontraba impedido.