En medio de la difícil situación que enfrentan los trabajadores tercerizados, despedidos por la falta de presupuesto, y la crisis que aqueja a los pescadores solicitando ayuda para el sector pesquero, la municipalidad de Contralmirante Villar, bajo la dirección de Jaime Yacila Boulangger, ha desatado un escándalo al certificar y lanzar a proceso de consultoría el «Estudio del expediente técnico para el mejoramiento y ampliación de la institución educativa Miguel Grau en el pueblo de Grau», por un monto de 185 mil soles.
La acción municipal ha generado fuertes críticas, ya que los funcionarios municipales no han logrado dar solución a la culminación de la ejecución del colegio en Acapulco, mientras que, en paralelo, lanzan una millonaria consultoría para una obra que no figura como prioridad en el presupuesto participativo ni en las agendas gubernamentales.
Lo más preocupante de este proceso es que se lleva a cabo en medio del periodo de lluvias y las consecuencias del niño costero global, cuando los habitantes del centro poblado de Grau reclaman soluciones urgentes para problemas de agua y desagües colapsados, así como la protección de muros. La comunidad se pregunta por qué se destinan recursos a una consultoría que no responde a las necesidades más apremiantes y que no cuenta con la priorización ni del presupuesto participativo ni del gobierno central.
El proceso de consultoría ha levantado sospechas por presuntos vicios y términos de referencia direccionados para favorecer a un único ganador, generando un ambiente de opacidad y falta de transparencia en el uso de los fondos públicos. Ante esta situación, se hace un llamado urgente a la Contraloría General de la República para intervenir y salvaguardar los recursos destinados a este proyecto.
Los ciudadanos de Contralmirante Villar exigen respuestas y acciones concretas para evitar el malgasto de fondos públicos en consultorías que no responden a las reales necesidades de la población. La transparencia y rendición de cuentas son fundamentales para fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones gubernamentales, y es responsabilidad de la Contraloría velar por el uso adecuado de los recursos públicos en beneficio de la comunidad.