El proceso judicial por corrupción que enfrenta el alcalde del distrito de San Juan de la Virgen, Fernando Elías Cedillo Roque, parece estar estancado y sin una fecha establecida para la audiencia de juicio oral, lo que ha generado preocupación y rumores en torno a la situación del edil.
La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Tumbes ha solicitado una condena de 10 años de prisión para Cedillo Roque por el presunto delito de colusión, vinculado a la obra “Construcción del Sistema de Alcantarillado de las localidades de Cerro Blanco y Nueva Esperanza”, ejecutada durante su primera gestión como alcalde (2007-2010). La obra, valorada en más de 3 millones de soles, fue realizada por el Consorcio San Juan, conformado por Icsa Construcciones S.R.L y Constructores Idrogos S.R.L.
La tesis de la Fiscalía sostiene que Cedillo Roque, en su calidad de alcalde y máxima autoridad de la obra, no adoptó las medidas necesarias para evitar un perjuicio económico al Estado, a pesar de conocer las deficiencias y graves irregularidades en la ejecución y supervisión del proyecto.
Junto a él, también están siendo investigados Martín Anselmo Flores Núñez, exjefe de la Oficina Técnica de Desarrollo Urbano, quien debía supervisar la obra y no cumplió con sus obligaciones, y Manuel Yilmer Chune Espinoza, exjefe de la Oficina de Presupuesto, acusado de no realizar la retención al contratista. Ambos funcionarios habrían contribuido a las irregularidades que marcaron el proyecto.
A pesar de la gravedad del caso y la solicitud de condena, el juicio sigue «durmiendo el sueño de los justos», sin un avance visible en los tribunales. Fuentes cercanas sugieren que el alcalde Fernando Cedillo Roque estaría buscando influencias dentro de la fiscalía para ganar tiempo y evitar que su proceso avance a juicio oral, lo que alimenta la especulación sobre su inquietud por las posibles consecuencias del proceso.
Este retraso en el juicio no solo afecta la transparencia de la gestión actual, sino que también pone en entredicho la eficacia del sistema judicial frente a los casos de corrupción en la región.