Un vehículo que fue intervenido por personal policial transportando inmigrantes, pasó a manos del Programa Nacional de Bienes Incautados – PRONABI, luego de la sentencia emitida por el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en la ciudad de Tumbes.
A través de la sentencia de fecha 05 de octubre del 2022, el juez Luis Fernando Ojeda Cornejo Chávez dispone extinguir el dominio y todos los derechos de propiedad que ostente la persona de Francisco Sosa Lalupu sobre el vehículo automotor de placa de rodaje P1P-212, marca Hyundai, modelo H-1 M/BUS, año de fabricación 2012, color gris oscuro, cuyos demás datos obran en el cuadro que antecede, en consecuencia, a la presente resolución se dispone que la titularidad del vehículo queda revertida a nombre y a favor del Estado Peruano.
Asimismo, que se ofíciese a PRONABI (entidad que ejerce la representación del Estado) con las formalidades de Ley, a fin de hacer efectiva el cumplimiento de la presente resolución, debiendo el bien –vehículo– pasar a la administración de dicha entidad de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto Legislativo 1373, no pudiendo disponer de los bienes hasta que la sentencia adquiera la calidad de cosa juzgada.
Cabe mencionar que dicho pedido fue solicitado por la Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio.
LOS HECHOS. Según las diligencias fiscales los hechos ocurrieron el 11 de diciembre del 2019, al promediar las 10:00 de la noche, a la altura de la salida del caserío de Cañaveral, en la trocha carrozable del caserío Tacna Libre, en el distrito de Casitas, donde personal policial de la Comisaría PNP Cañaveral intervino el vehículo de placa de rodaje P1P212, él cual era conducido por la persona de Manuel Hipólito Sosa Castillo. Al realizarse el control de identidad de los ocupantes del vehículo, se identificó, además de dos ciudadanos peruanos, a catorce ciudadanos de nacionalidad venezolana y uno de nacionalidad colombiana.
Los ciudadanos extranjeros indicaron que no registraron control migratorio en el Perú, por que ciudadanos peruanos les habían ofrecido el traslado; para ello abordaron el vehículo con destino a la ciudad de Máncora, mismo que procedió a desviarse de la carretera principal a una trocha carrozable, con el fin de evitar los controles migratorios y policiales, ya que los referidos extranjeros estaban en condición migratoria irregular. Asimismo, agregó que una vez en la ciudad de Máncora, iban a ser trasladados a sus destinos en Chiclayo, Chimbote y Lima.
Se detalló que los ciudadanos peruanos cobraron a los ciudadanos extranjeros sumas de dinero por los montos: S/. 500.00, S/. 300.00) y a otros S/. 780.00. Finalmente, por las acciones ilícitas desarrolladas, el vehículo de placa de rodaje P1P-212 ha sido instrumentalizado por una presunta banda criminal destinada a cometer el delito Contra el Orden Migratorio en la forma de Tráfico Ilícito de Migrantes en su modalidad Agravada tipificado en el artículo 303-A° del Código Penal, concordado con su agravante tipificado en el artículo 303-B° del mismo Cuerpo Legal.