Contratista ejecuta la obra con el plazo vencido, además se expone al peligro a la población
La ejecución del proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Zona de Expansión Urbana del Sector Nuevo Tumbes”, una obra clave para la población de esta región, ha quedado manchada por graves denuncias de negligencia y pésima gestión bajo la administración del alcalde Hildebrando Antón Navarro y sus funcionarios. Un reciente informe del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Provincial de Tumbes, marcado como Hito de Control N.° 121-2024-OCI/0475-SCC, pone al descubierto irregularidades que no solo retrasan el proyecto, sino que además ponen en riesgo la vida de los trabajadores y residentes.
Retrasos, improvisaciones y un preocupante panorama de seguridad. El informe señala que la obra, cuyo plazo de ejecución debía culminar el 19 de noviembre de 2024, presenta un avance físico del 80.86%, muy por debajo del 94.61% proyectado, generando un atraso de más de 13.75%. Sin embargo, lo más alarmante es que los trabajos se han seguido realizando sin las mínimas medidas de seguridad. Durante las inspecciones realizadas los días 21 y 22 de noviembre, se constató la presencia de zanjas abiertas, buzones sin tapas y la ausencia de señalización adecuada, situaciones que representan un riesgo grave e inminente para los trabajadores y la población.
Aún más indignante es el hecho de que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) paralizó la obra desde el 21 de noviembre, alertando sobre un “riesgo de caída grave e inminente” para los trabajadores. Pese a ello, la contratista Consorcio Nuevo Tumbes continuó con las labores, ignorando las disposiciones de seguridad, mientras los funcionarios municipales no ejercieron ningún tipo de control efectivo.
Un alcalde y funcionarios bajo la lupa: ¿incapacidad o complicidad?. Bajo la administración de Hildebrando Antón Navarro, este proyecto, valorado en más de 5.6 millones de soles, parece ser un ejemplo emblemático de lo que no se debe hacer en gestión pública. Según el informe, no solo se ha permitido que las obras sigan avanzando sin cumplir las condiciones contractuales, sino que además la falta de supervisión efectiva por parte de los funcionarios encargados ha sido evidente.
El contrato estipula claras penalidades para situaciones como la falta de señalización y medidas de seguridad, con multas diarias de hasta 2/1000 del monto contratado. Sin embargo, hasta la fecha, no se tiene registro de sanciones aplicadas al Consorcio Nuevo Tumbes ni acciones correctivas inmediatas, lo que despierta sospechas sobre una posible colusión entre las partes involucradas.
El alcalde y sus funcionarios han mostrado una alarmante ineficiencia al manejar esta obra, cuyo objetivo principal era reducir las enfermedades de origen hídrico en la población de Nuevo Tumbes. En lugar de generar beneficios, este proyecto se ha convertido en un foco de riesgos para la integridad de trabajadores y residentes.
Entre las observaciones más críticas del informe destacan: Zanjas abiertas y buzones sin tapas, algunos con profundidades mayores a 1.5 metros, fueron dejados sin medidas de protección o cercos de malla HDP, como lo exige la normativa G.050 de seguridad.
Los trabajos continúan ejecutándose fuera del plazo establecido, violando las cláusulas del contrato, sin que la municipalidad exija las penalidades correspondientes.
Las inspecciones revelaron zanjas peligrosamente ubicadas cerca de instituciones educativas sin ninguna señalización, exponiendo a niños y transeúntes a accidentes fatales.
El informe también advierte que un adicional de obra aprobado por más de 12,600 soles no fue gestionado con la debida diligencia, ya que los trabajos relacionados a esta ampliación no fueron coordinados adecuadamente, generando aún más retrasos.
La ciudadanía exige explicaciones inmediatas y contundentes. ¿Qué tipo de gestión está llevando a cabo Hildebrando Antón? ¿Por qué no se han tomado acciones contra la contratista y los supervisores que, claramente, han incumplido con sus obligaciones? Estos hechos configuran no solo una posible responsabilidad administrativa, sino también penal, por la inacción frente a situaciones que comprometen recursos públicos y ponen en peligro vidas humanas.
En un contexto donde la corrupción y la ineficiencia parecen ser la norma, la Contraloría General de la República y el Ministerio Público están llamados a intervenir con celeridad.