CONTRALORÍA CONFIRMARÍA ILEGALIDAD DENUNCIADA POR HECHICERA
Después de un largo tiempo, la Contraloría General de la República ha confirmado lo que Diario Hechicera denunció hace meses y que otros medios callaron: el cuñado del cuestionado funcionario Lenin Harold Ávila Silva, Luis Wilder Lin Gallardo Zapata, se benefició de manera ilegal, con pagos que suman S/138,500.
Según el Informe de Acción de Oficio Posterior N° 008-2025-2-5353-AOP, el Gobierno Regional de Tumbes, bajo la administración de Segismundo Cruces Ordinola, permitió que Ávila Silva, quien se encuentra bajo la lupa por presunta corrupción y lavado de activos, aparentemente hiciera y deshiciera a su antojo. A pesar de la prohibición expresa en la Ley de Contrataciones del Estado, el cuñado del funcionario fue contratado como «especialista en presupuesto público» en la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, así como en la Subgerencia de Promoción de Inversiones.
Este hecho no es un simple «error administrativo», sino una burla descarada a la legalidad y a los tumbesinos.
¡QUE BUEN CUÑADO ES LENIN ÁVILA!. El parentesco que inhabilitaba legalmente a Gallardo Zapata para contratar con el Gobierno Regional de Tumbes es evidente y quedó demostrado en la investigación de la Contraloría. Luis Wilder Lin Gallardo Zapata es hermano de Paola Elizabeth Gallardo Zapata, quien a su vez es esposa de Lenin Harold Ávila Silva. Es decir, Ávila Silva favoreció directamente a su cuñado, infringiendo la Ley de Contrataciones del Estado, que prohíbe que familiares hasta el segundo grado de afinidad sean contratados en la misma entidad donde un funcionario de confianza ejerce poder de decisión.
Pero atención, esto no es un simple desliz administrativo. Desde junio de 2022 hasta diciembre de 2024, Luis Wilder Lin Gallardo Zapata recibió jugosos pagos de manera continua, con el pretexto de ser «especialista en presupuesto público» en la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, además de otras áreas estratégicas del gobierno regional.
Esta contratación se concretó apenas seis meses después de que Lenin Harold Ávila Silva asumiera el cargo de Gerente Regional de Infraestructura, iniciando un escandaloso esquema de presunta corrupción que se mantuvo sin interrupciones durante tres años. Mientras el funcionario seguía aferrado a su puesto, su cuñado seguía llenándose los bolsillos con dinero público.
Pero la historia no termina ahí. El descaro de este entramado de presunta corrupción llega al extremo de haber financiado los pagos de Gallardo Zapata con presupuestos analíticos aprobados para el proyecto «Mejoramiento de los Servicios de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Tumbes» (CUI N.º 2460840). ¿Y quién firmaba esas resoluciones gerenciales que aprobaban el dinero? ¡El mismísimo Lenin Harold Ávila Silva! Un funcionario con un historial manchado por escándalos, que no dudó en aparentemente manipular recursos públicos para beneficiar a su propia familia.
Como si esto no fuera suficiente, Gallardo Zapata incluso tuvo el descaro de presentar declaraciones juradas en la Unidad de Adquisiciones en las que afirmaba NO TENER IMPEDIMENTOS para contratar con la entidad. ¡Una mentira descarada y burda! Estas declaraciones le permitieron seguir recibiendo pagos en 2022, 2023 y 2024 sin que nadie levantara la voz… salvo Diario Hechicera.
¿Y EL RESTO DE CASOS DE LENIN PARA CUANDO?. No es la primera vez que Lenin Ávila Silva está en el ojo de la tormenta. Años atrás, el Poder Judicial allanó sus propiedades y confiscó bienes en el marco de investigaciones por corrupción y lavado de activos. Sin embargo, la justicia parece haber olvidado estos procesos, permitiendo que este personaje siga manejando recursos públicos a su antojo.
Ante este escándalo, la congresista Magaly Santisteban debe presentar una denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción para que se procese a Lenin Ávila Silva por los delitos en los que habría incurrido. Además, el gobernador Segismundo Cruces Ordinola debe actuar de inmediato y despedir de una vez por todas a este pésimo funcionario, que solo ha traído obras defectuosas, presunta corrupción y desconfianza al pueblo tumbesino.
Basta de encubrimientos y blindajes. La Contraloría ha hecho su trabajo. Ahora es el turno de la Fiscalía y del gobernador de tomar acciones.