Actual director y exfuncionarios involucrados en una red de corrupción descarada
El sector educación nuevamente envuelto en escándalo, tras el destape de uno de los casos de corrupción más descarados y vergonzosos de los últimos años. ¡La UGEL Zarumilla ha sido saqueada por más de S/641 mil en pagos ilegales a manos de sus propios funcionarios!
La Contraloría General de la República ha revelado un esquema corrupto que involucra a doce servidores públicos, incluyendo altos directivos de la entidad. ¿El resultado? Un daño irreparable a las arcas públicas y un abuso a los fondos destinados a la educación de miles de niños y adolescentes.
En el informe N.º 039-2024, se descubre cómo, durante el 2021, se realizaron pagos sin sustento legal bajo el disfraz de incentivos por «cumplimiento de metas y compromisos». Estos desembolsos, sin ningún respaldo ni expediente, se aprobaron bajo conceptos que no tenían razón de ser. Mientras las escuelas sufrían carencias, el dinero desaparecía en planillas que beneficiaban a quienes tenían el poder para ejecutarlas.
El 2022 no se quedó atrás en esta farsa. Durante ese año, la UGEL emitió 31 planillas con 21 conceptos fraudulentos. Desde la «recopilación de información» hasta la implementación de «buenas prácticas de gestión», todo fue una excusa para seguir robando. Cada peso que debió ser destinado a mejorar la calidad educativa terminó en los bolsillos de funcionarios sin escrúpulos, sin respeto alguno por las leyes o el bienestar de los estudiantes.
¿Y quiénes están detrás de esta mafia interna?: Percy Atoche Canales, exdirector de la UGEL Zarumilla, y José Luis Herrera Montero, actual director, son dos de los principales señalados. Directores que deberían velar por la educación, ahora acusados de corrupción. Ambos se enfrentan a la posibilidad de ser inhabilitados para ejercer cualquier cargo público, pero eso es solo el comienzo de lo que debería ser un castigo mucho mayor.
A esto se suman Jair Ignacio Tinedo Romero y Franklin Daniel Luna Navarro, ex administradores de la UGEL, junto a Jorge Luis Zarate Merino, Carlos Rosendo Llauce Oviedo, y Silvana Manrique Espinoza, exfuncionarios de tesorería. Estos personajes están en la mira, no solo por responsabilidad administrativa, sino por responsabilidad penal. Ellos podrían enfrentar a la justicia por delitos graves, pues no solo defraudaron a la entidad, sino que lo habrían hecho de forma premeditada, aprovechándose de sus posiciones para presuntamente robar descaradamente.
¡Y la lista sigue! No se salvan otros funcionarios y servidores actuales. Entre ellos, Wilson Stalyn La Madrid Mogollón, extécnico de remuneraciones; Anthony Frank Silva Rivas, actual jefe de remuneraciones; María Karina Yzquierdo Espino, exjefa de recursos humanos; Tatiana Lizbeth De Lourdes Balladares Ramírez, ex especialista administrativa; y Angello Segundo García Mendoza, actual encargado de la oficina de presupuesto. Todos ellos también podrían ser inhabilitados, tras haber sido encontrados con responsabilidad administrativa. ¡Una red de corrupción enquistada en cada rincón de la UGEL!
La magnitud de este fraude es tremenda. Más de S/600 mil de fondos públicos, dinero que debió ser utilizado para mejorar escuelas, implementar programas educativos y dotar a los docentes de mejores condiciones fue saqueado por quienes debían proteger esos recursos. En lugar de mejorar la educación, este dinero desapareció en manos de una red corrupta que actuó sin freno alguno.
La UGEL Zarumilla ha sido saqueada y lo peor es que la comunidad educativa ha sido la más perjudicada. Los responsables de esta atrocidad no solo deben ser inhabilitados, sino que deben enfrentar las máximas sanciones posibles, tanto en el ámbito administrativo como penal.
¿Cuántas UGELES más estarán envueltas en esquemas de corrupción como este? ¿Cuántos directores y funcionarios están robando impunemente mientras el sistema educativo colapsa? ¡Es hora de que la justicia actúe con mano firme y ponga un alto a esta mafia que ha convertido a la UGEL Zarumilla en su botín personal!