Empresa Logístico Triple 999 asegura que el combustible decomisado era peruano y acusa a la PNP de falsificación de pruebas
En el distrito de Zarumilla, cuatro agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), pertenecientes a la Comisaría Sectorial de esa localidad, han sido denunciados por presuntos delitos de abuso de autoridad y falsedad genérica. La denuncia fue presentada por la empresa de transporte Logístico Triple 999, tras el decomiso de combustible de uno de sus camiones, alegando que este era de origen peruano, en contradicción con lo afirmado por la policía, que asegura que se trataba de combustible ecuatoriano.
Entre los agentes denunciados figura la Comandante de la PNP, Isis Castillo Huertas, responsable de la Comisaría de Zarumilla. Según el relato del conductor del camión, Jhon Alex Farías Briceno, los hechos se desarrollaron el pasado 20 de agosto en plena carretera Panamericana, a la altura del Eje Vial, cuando fue detenido mientras circulaba en su camión de placa Z3Z-812 en dirección norte. Los efectivos policiales alegaron que el vehículo estaba transportando combustible ilegal de origen ecuatoriano, motivo por el cual debía ser trasladado a la comisaría.
Farías Briceno, sin embargo, presentó pruebas que refutaban las acusaciones de la policía. Entre ellas, mostró el recorrido GPS del camión, que indicaba que había partido desde Pampas de Hospital con destino a la empresa COMPLEX DEL PERÚ S.A.C., ubicada en Aguas Verdes. Además, exhibió la factura electrónica F004-00002569, emitida un día antes por Grupo AALPA S.A.C., correspondiente a la compra de 200 galones de Diesel B5 S-50 UV en una estación de servicio en el distrito de Corrales, lo que respaldaba su afirmación de que el combustible era de origen peruano. Sin embargo, los agentes ignoraron esta documentación y procedieron con el decomiso.
PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL PROCESO. El día 22 de agosto, en las instalaciones de la Comisaría de Zarumilla, se llevó a cabo la extracción del combustible del camión. Según la denuncia presentada por la empresa de transporte, esta extracción se realizó sin cumplir con los protocolos legales establecidos. El conductor fue el único presente durante la intervención, y los policías no levantaron el acta de incautación correspondiente ni proporcionaron ningún documento oficial que detallara la cantidad de combustible extraído. Asimismo, se denunció la ausencia de la autoridad competente para supervisar el proceso y verificar una posible infracción aduanera, y se resaltó que la SUNAT no fue notificada del decomiso en el momento adecuado, lo que constituye una grave omisión en el procedimiento.
Otra irregularidad denunciada es el hecho de que, dos semanas después de los hechos, el camión fue internado en un depósito de la Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones. No obstante, el documento oficial que ordenaba dicho internamiento, firmado por la Comandante Isis Castillo Huertas, presentaba un error notable: en lugar de consignar la placa del vehículo decomisado (Z3Z-812), el documento mencionaba la placa de otro camión (P1V-244). Según la normativa vigente, el internamiento de un vehículo debe realizarse dentro de los primeros tres días posteriores a la intervención, lo cual no ocurrió en este caso.
El caso ha sido llevado al Ministerio Público, donde la empresa Logístico Triple 999 ha presentado pruebas que señalan diversas irregularidades en el accionar de los policías intervinientes. Además, la defensa técnica de la empresa ha denunciado que, durante los 15 días que el camión estaba estacionado en el frontis de la Comisaría de Zarumilla, los agentes de la PNP habrían manipulado y falsificado pruebas para sostener la acusación de que el combustible era de origen ecuatoriano.
La empresa ha solicitado una investigación exhaustiva por parte de la Inspectoría General de la PNP, y exige que se esclarezcan los motivos detrás de las acciones irregulares de los efectivos policiales. Además, se ha confirmado que la SUNAT validó la factura electrónica presentada por la empresa, lo que refuerza su posición de que el combustible decomisado era legítimamente adquirido en territorio peruano.