El detonante es el cobro fijo mensual de S/150, que sustituyó la tarifa diaria de S/2
Desde enero del 2023, los comerciantes del Mercado de Abastos de Zarumilla mantienen un conflicto tenso con la Municipalidad Provincial tras la imposición de un nuevo esquema de cobros que califican como arbitrario y desproporcionado, afectando la economía de cientos de familias que dependen del centro de abasto.
El detonante es el cobro fijo mensual de S/150, que sustituyó la tarifa diaria de S/2 que los vendedores acostumbraban pagar por el uso de sus puestos. Los afectados denuncian que la medida se implementó sin estudios técnicos, ordenanza clara ni previa socialización, golpeando especialmente a pequeños negocios aún en recuperación post-pandemia.
Además, esta administración mantiene un cobro previo de S/130 mensuales a los puestos de verduras y pescados, impuesto durante la gestión anterior mediante declaración jurada obligatoria, sin corregir estas irregularidades.
Familias enteras corren riesgo, pues muchos comerciantes trabajan con créditos para abastecerse en un ambiente de ventas bajas. “Con estas tarifas, es imposible sostenernos, hay familias de cinco o más miembros que dependen de un solo puesto”, señaló un dirigente del mercado.
Las condiciones del mercado no mejoran pese a los cobros. Los usuarios padecen falta de agua potable, servicios higiénicos deteriorados, mala iluminación y frecuentes robos. Lo más grave ocurrió cuando un guardián municipal fue grabado robando dentro del mercado; en lugar de sancionarlo, fue reubicado en otra área, lo que para los comerciantes equivale a encubrimiento.
Cuestionan además el destino del presupuesto municipal destinado a limpieza, seguridad y mantenimiento, que aparentemente no se refleja en la calidad del servicio.
El administrador del mercado es señalado por los comerciantes como un foco de conflicto: lo acusan de maltrato verbal, falta de respeto a una autoridad regidora, actitud violenta y difamación tras un atentado sufrido por algunos de ellos. Por otro lado, la ausencia del alcalde provincial, quien no ha atendido las solicitudes de diálogo, agrava la crisis.
Sumado a este contexto, la reciente autorización municipal para la instalación de un supermercado de la cadena MASS ha provocado indignación entre los comerciantes, quienes lo consideran competencia desleal y una “puñalada por la espalda” para el pequeño comercio local.
Los vendedores exigen la anulación del cobro de S/150, el establecimiento de una tarifa justa y legal, mejora en los servicios básicos del mercado, una administración transparente y responsable, así como que el alcalde provincial reciba y dialogue directamente con ellos para encontrar soluciones.