Informe alerta sobre problemas en el uso de materiales, pagos indebidos y supervisión deficiente en proyecto de transitabilidad
Un informe emitido recientemente por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes ha revelado una serie de irregularidades en la ejecución de la obra «Mejoramiento del servicio de transitabilidad vial y peatonal en el AA.HH. Complejo Habitacional» en el distrito de Aguas Verdes, provincia de Zarumilla, en Tumbes. El informe, correspondiente al Hito de Control N° 1, advierte tres situaciones adversas que podrían comprometer tanto la calidad de la obra como el adecuado uso de los recursos públicos asignados a este proyecto, cuyo presupuesto supera los 2.6 millones de soles. La obra, cuyo plazo de ejecución está previsto hasta diciembre de 2024, tiene como objetivo mejorar las condiciones de transitabilidad vial y peatonal en una zona clave de la región.
La primera situación adversa identificada por el OCI refiere al uso de agregados gruesos para la preparación del concreto de resistencias 175 kg/cm2 y 210 kg/cm2, los cuales no cumplen con las especificaciones técnicas detalladas en el expediente técnico. Este documento estipula que, para garantizar la calidad y resistencia de las estructuras de concreto, el material utilizado para la preparación de la mezcla de concreto con una resistencia de 210 kg/cm2 debe ser piedra zarandeada de tres cuartos de pulgada. Por su parte, para la mezcla de concreto con resistencia de 175 kg/cm2 se requiere piedra chancada de media pulgada. No obstante, durante una inspección física realizada por la Comisión de Control el 28 de agosto de 2024, se constató que en la obra se estaba utilizando piedra chancada de media pulgada para la mezcla de concreto de 210 kg/cm2, mientras que para la mezcla de 175 kg/cm2 se empleaba piedra zarandeada, invirtiéndose así las especificaciones correctas de los materiales.
El informe resalta que este incumplimiento con las especificaciones técnicas podría tener graves consecuencias sobre la calidad y la durabilidad de la obra. El uso incorrecto de los materiales podría disminuir significativamente la resistencia del concreto, lo que afectaría la vida útil de las estructuras construidas, comprometiendo la seguridad de los usuarios y la inversión realizada. El expediente técnico establece claramente que el diseño de la mezcla debe seguirse de manera estricta para garantizar los niveles de resistencia requeridos. Sin embargo, el contratista habría optado por materiales distintos a los especificados, lo que pone en riesgo la estabilidad de la obra y podría derivar en fallas estructurales a mediano o largo plazo.
La segunda situación adversa detectada por el OCI tiene que ver con el desagregado de gastos generales del expediente técnico, el cual contempla una serie de costos financieros y de seguros que, según la inspección realizada, no se habrían ejecutado. El contrato de ejecución de la obra establece que el contratista decidió acogerse a la modalidad de retención del 10% del monto contractual como garantía de fiel cumplimiento, lo que lo eximía de la obligación de contratar cartas fianza para cubrir esa garantía. Sin embargo, el expediente técnico incluye costos por conceptos como carta fianza de fiel cumplimiento del contrato, carta fianza de adelanto directo, garantía de beneficios sociales y otros gastos financieros que no se realizaron. Esta discrepancia genera el riesgo de que se realicen pagos por servicios que en la práctica no fueron contratados ni ejecutados, lo cual afectaría la transparencia y el uso correcto de los recursos públicos asignados a la obra.
En lo que respecta a los seguros, el contratista presentó durante la inspección documentos que acreditan la contratación de los Seguros Complementarios de Trabajo de Riesgo (SCTR) y del Seguro de Vida Ley, cubriendo a los trabajadores de la obra. No obstante, el expediente técnico también contemplaba costos por otros seguros, como el Seguro Contra Todo Riesgo (CAR) y el Seguro de Responsabilidad Civil, los cuales no fueron presentados durante la visita de inspección. Esto aumenta la posibilidad de que se efectúen pagos por conceptos no ejecutados, generando un riesgo considerable para el uso adecuado de los fondos públicos.
La tercera y última situación adversa que recoge el informe del OCI se refiere a la validación de metrados completos de algunas partidas contractuales por parte del inspector de la obra, a pesar de que las actividades correspondientes no se habrían ejecutado en su totalidad. En concreto, se identificaron irregularidades en dos partidas: la primera relacionada con los recursos para emergencias en seguridad y salud durante el trabajo, y la segunda con los servicios higiénicos portátiles en la obra. El expediente técnico y los análisis de precios unitarios establecían que, para la partida de seguridad y salud, la obra debía contar con un botiquín completamente equipado, extintores y otros elementos de seguridad, mientras que la partida de servicios higiénicos portátiles exigía la instalación de dos baños portátiles en la obra durante un mes. Sin embargo, durante la inspección realizada por el OCI se constató que, en el lugar donde se desarrollaba la obra, solo se encontraba un pequeño botiquín y un extintor de cuatro kilogramos cuyo periodo de validez había caducado en diciembre de 2023. Asimismo, se halló únicamente un baño portátil en la obra, cuando el expediente técnico especificaba la necesidad de dos.
A pesar de estas deficiencias, en la primera valorización de la obra correspondiente al mes de julio de 2024, el contratista valorizó el 100% de ambas partidas, lo que significa que se ha considerado como completado un trabajo que en realidad fue ejecutado de manera parcial. Esta situación genera un riesgo adicional, ya que podría conllevar a pagos indebidos por servicios y suministros que no fueron proporcionados en su totalidad. El informe advierte que esta práctica no solo atenta contra el uso eficiente de los recursos públicos, sino que también perjudica la calidad de la obra y la seguridad de los trabajadores.
Estas irregularidades podrían comprometer la calidad de la infraestructura, la adecuada utilización de los recursos públicos y la seguridad de la población. Ante esta situación, se ha solicitado al alcalde de Aguas Verdes, César Enrique Chapoñán Díaz, que adopte las medidas correctivas necesarias y que informe al OCI.