Un grupo de vecinos residentes del asentamiento humano Santo Domingo, en el centro poblado de Andrés Araujo Morán, específicamente de las calles Santa Clara y Santa Catalina de esa localidad tumbesina, hicieron el llamado a la prensa para realizar una queja ciudadana relacionada con la construcción de un sistema de alcantarillado en los sectores adyacentes a esa zona, donde los moradores indicaron que se encuentran en desacuerdo con la decisión de conectar esa nueva red de aguas residuales a los buzones ubicados frente a sus viviendas, puesto que según indican, esto será motivo para el colapso de los mismos y terminará perjudicando a estas personas.
Un aproximado de entre 15 y 30 familias serían las perjudicadas una vez que los buzones ubicados en ese sector denominado como asentamiento humano Santo Domingo, en el centro poblado de Andrés Araujo Morán comiencen a colapsar, quienes además dijeron que ya habían conversado con los encargados de la obra para que desistan de conectar la nueva red de alcantarillado al sistema de aguas residuales de su sector, pero al parecer estos hicieron caso omiso al llamado de la comunidad, aseguraron.
Esta situación a generado gran preocupación entre los vecinos del sector antes mencionado, mismos que además dijeron que este tipo de obras realizadas durante los últimos meses de la gestión del alcalde Jimy Silva ocurren debido a que el burgomaestre está a punto de dejar la Municipalidad y por ello, no le importa la condición en la que queden los vecinos, por lo que aprovecharon nuestro medio para hacer un llamado a los entes de fiscalización para que investiguen cada lugar en el que se están invirtiendo recursos provenientes de la comuna tumbesina.
Es de mencionar que de acuerdo al cartel informativo ubicado en el lugar, la obra en cuestión trata de la Ampliación del Servicio de Agua y Alcantarillado en la av. Juan Pablo II y López Albujar del A.H Villa Universitaria, ejecutado por la Municipalidad Provincial de Tumbes, por un costo de 756.549.55 construido por el consorcio Imán en un plazo de 75 días calendario y financiado con recursos de canon y sobrecanon.