En un importante avance en la lucha contra la trata de personas, la jueza Genara Juárez Satán, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Tumbes, ha dictado prisión preventiva por un período de doce meses contra la ciudadana venezolana Yurviana del Pilar Vásquez Montilla. La medida se toma tras la presunta comisión del delito contra la Dignidad Humana en la modalidad de Trata de Personas Agravada, en perjuicio de una compatriota suya de iniciales B.A.M.M (19).
La solicitud de prisión preventiva fue presentada por la fiscal adjunta provincial Mariela Cabrera Gonzales, representante de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas de Tumbes. La magistrada, tras analizar los elementos presentados, consideró que existen suficientes indicios de la participación de Vásquez Montilla en el delito mencionado y ordenó su encarcelamiento.
Según la investigación, los hechos ocurrieron a finales del mes pasado, cuando la acusada captó, trasladó y transportó a la víctima identificada como B.A.M.M (19) con el propósito de que ejerciera como dama de compañía en la ciudad de Lima. Se establece que una persona aún no identificada esperaba a la agraviada en la capital peruana, a quien debía pagar la suma de 15 000 soles por los gastos de transporte, alimentación y otros conceptos que habrían sido cubiertos por la investigada.
La joven B.A.M.M fue sometida a un desarraigo forzado de su país de origen, Venezuela, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad. Para llevar a cabo este delito, la acusada mantenía comunicación a través de WhatsApp tanto con la víctima en Lima como con personas dedicadas al tráfico informal en las fronteras entre Venezuela y Perú.
La prisión preventiva de doce meses otorga a las autoridades el tiempo necesario para realizar una investigación exhaustiva y recopilar todas las pruebas pertinentes en este caso. La fiscalía continuará trabajando en conjunto con las autoridades correspondientes para esclarecer completamente los hechos y garantizar la justicia para la víctima.
La trata de personas es un delito grave que atenta contra la dignidad y los derechos humanos de las personas. Las autoridades competentes seguirán fortaleciendo sus esfuerzos para combatir este flagelo y perseguir a quienes se dedican a esta actividad ilegal, garantizando la protección de las víctimas y el castigo de los responsables.
La ciudadanía puede contribuir denunciando cualquier caso de trata de personas a las autoridades competentes. La colaboración de todos es fundamental para erradicar este delito y proteger a las personas más vulnerables.