Vimen Contratistas S.R.L. ha sido nuevamente favorecida con la buena pro de un proyecto valorizado en más de 1.6 millones de soles.
Vimen Contratistas “premiado” pese a pésima obra. El 11 de abril de 2025, mediante el procedimiento de Adjudicación Simplificada N.° 001-2025/GOB.REG-TUMBES-DRSTC-CS, la Dirección Regional de Transportes otorgó la buena pro a Vimen Contratistas S.R.L., con una propuesta económica de S/ 1’627,998.74. El contrato adjudicado corresponde al proyecto de inversión denominado “Mejoramiento de Control, Vigilancia y Defensa Terrestre, Aéreo y Marítimo, Fluvial, Lacustre del Territorio Nacional en Espacios de Circulación Interior de Base Militar 24 de Julio El Tablazo”.
Lo indignante es que esta empresa, lejos de tener un historial intachable, es responsable de la reciente y desastrosa obra de mejoramiento vial en Andrés Araujo Morán, en donde se ejecutó el proyecto “Reparación de pista en la avenida Fernando Belaúnde Terry y calles aledañas”. Dicha intervención no solo fue técnica y visualmente deficiente, sino que terminó convertida en un verdadero atentado contra la infraestructura urbana.
La terrible obra en Andrés Araujo. Lo que se prometió como una modernización de la transitada avenida Belaúnde Terry y sus calles aledañas terminó siendo una obra deficiente, plagada de grietas, fisuras, desgaste superficial generalizado y fallas estructurales visibles, pese a haber sido recientemente recepcionada.
En la obra se evidencian grietas visibles, mientras que la totalidad muestra un desgaste superficial generalizado. Resulta indignante que se haya declarado conforme a pesar de un deterioro tan manifiesto justo en las cercanías del puente de tránsito vehicular. Hay paños con fisuras y desgaste en bloques específicos.
La obra ha sido recepcionada a pesar de estar plagada de deficiencias que, en condiciones reales de tránsito, podrían convertirse en un riesgo latente para los ciudadanos.
Lo más alarmante es que la obra fue recepcionada y declarada conforme, como si todo estuviese en óptimas condiciones.
Este cúmulo de deficiencias convierte a la pista en una trampa mortal, especialmente en temporada de lluvias, cuando las fisuras podrían convertirse en socavones o causar accidentes graves. La indignación ciudadana crece al constatar que el dinero público fue literalmente enterrado en una obra que ni siquiera soportó el tránsito diario durante algunos meses.
El flamante comité. La historia se repite, y no por azar. El comité que otorgó la buena pro a Vimen para este nuevo proyecto estuvo presidido por Nick Zarate Espinoza, acompañado de César Castillo Cerna y Yony Farfán Estrada. Todos ellos operan bajo el paraguas de Nick Rojas Prescott, el director regional de Transportes, quien ha optado por premiar la ineficiencia con más contratos, ignorando deliberadamente los antecedentes recientes.
Esta situación ha levantado airadas críticas desde la población y sectores de control. ¿Qué tipo de evaluación técnica puede justificar volver a contratar a una empresa que no fue capaz de hacer una simple pista decentemente? ¿Dónde está la fiscalización? ¿Qué intereses hay detrás de esta reincidencia?
¡Lárgate Nick de una vez!. La responsabilidad política ahora recae directamente sobre el gobernador regional de Tumbes, Segismundo Cruces, quien no puede seguir encubriendo la gestión fallida de Nick Rojas Prescott. La continuidad de este funcionario no solo es insostenible, sino peligrosa: sus decisiones están afectando la calidad de vida de miles de tumbesinos y generando perjuicio económico al Estado.
Cada sol mal invertido en obras defectuosas es una burla a la población. Cada contrato adjudicado a empresas con antecedentes cuestionables es una bomba de tiempo. Y cada día que Nick Rojas sigue en el cargo es una bofetada a los tumbesinos.
La región Tumbes no necesita cómplices de la mediocridad ni funcionarios, es necesaria la inmediata destitución de Nick Rojas Prescott y una auditoría integral a todos los contratos adjudicados por su gestión. El pueblo tumbesino merece infraestructura de calidad, no pistas quebradas ni presuntos encubrimientos entre funcionarios y contratistas.