La Contraloría General de la República, a través del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Universidad Nacional de Tumbes, detectó que varios servidores de la institución no cumplieron con la presentación de la declaración jurada de conflicto de intereses, requisito obligatorio según la normativa vigente.
El informe de orientación de oficio N.° 003-2025 advierte que esta omisión podría afectar el correcto funcionamiento de la administración pública y la detección oportuna de posibles conflictos de intereses en la casa de estudios.
Uno de los casos más relevantes expuestos en el informe involucra al Secretario General de la universidad, Iván Abdón Puell Seminario, quien no presentó su declaración jurada de intereses pese a mantener un vínculo con una trabajadora del área de Secretaría General. Según el documento, su esposa, Silva López Angelita Ahirina, laboró en la universidad como personal externo desde marzo de 2023 hasta julio de 2024 y posteriormente fue contratada bajo el régimen CAS hasta diciembre de 2024.
La normativa vigente, establecida en la Ley N.° 31227, obliga a rectores, vicerrectores, decanos y otros funcionarios a presentar la declaración jurada de intereses como medida de transparencia y prevención de corrupción. No obstante, en la Universidad Nacional de Tumbes, solo seis servidores cumplieron con este requisito durante el 2024.
Ante esta situación, la Contraloría ha solicitado al rector Enrique Edison Benites Juárez que informe en un plazo máximo de cinco días hábiles sobre las acciones correctivas adoptadas para garantizar el cumplimiento de la normativa y evitar riesgos administrativos.
La falta de transparencia en la declaración de intereses puede acarrear sanciones administrativas e incluso acciones legales, según lo dispuesto en el reglamento de la Contraloría General de la República.