Nuevamente a propuesta del «inamovible» presidente de la Junta de Fiscales de Tumbes, Carlos Alvarez Rodríguez, designan a Yvette Mercedes Aguayo Zapata, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Tumbes, designándola en el despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Zarumilla.
Es así, que mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 3189-2023-MP-FN, firmada por la cuestionada Fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, se resuelve nombrar a Yvette Mercedes Aguayo Zapata, como Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Tumbes, designándola en el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Zarumilla.
Esto gracias a que, que mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 3173-2023-MP-FN, se acepta la renuncia formulada por Karito Lisseth Cholan Castillo, como Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Tumbes y su designación en el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Zarumilla.
El primer intento. En agosto del año 2015, y nuevamente a propuesta del presidente de la Junta de Fiscales de Tumbes, Carlos Alvarez Rodríguez, se designó a Yvette Mercedes Aguayo Zapata, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Tumbes, pero en esa oportunidad la designaron en el despacho de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Contralmirante Villar.
Esta decisión fue rápidamente anulada, a los dos días, gracias a la presión de varios sectores de la sociedad civil.
Cabe indicar, que la flamante fiscal provisional de Zarumilla, Yvette Aguayo Zapata, es hija de José Estanislao Aguayo Ruiz, presunto testaferro del expresidente regional de Tumbes, Gerardo Viñas Dioses, ambos estuvieron prófugos de la justicia por actos de corrupción, además estuvo involucrada en un video controversial junto a la anterior presidenta de junta de Fiscales de Tumbes, Jane Lucero Tamayo, cuando fungía de asistente de fiscal, en una de las propiedades de su padre cuando este venía siendo investigado por el Ministerio Público, por presuntas irregularidades en el millonario servicio de Kit Educativos brindados al gobierno regional de Tumbes.