Funcionarios y contratista Carlos Boggio involucrados en este escándalo de presunta corrupción
La Contraloría General de la República, a través del informe de control específico N.º 049-2024, ha puesto en evidencia graves irregularidades en la priorización, contratación y ejecución de los servicios de acondicionamiento de la Oficina Defensorial de Tumbes. Los hechos, ocurridos entre octubre de 2023 y mayo de 2024, comprometen los principios de legalidad, transparencia e imparcialidad, dejando al descubierto deficiencias en la gestión administrativa y operativa de este organismo público.
El acondicionamiento de la Oficina Defensorial de Tumbes tenía como objetivo mejorar la atención a la población y ampliar los servicios de la Defensoría del Pueblo en la región, especialmente hacia migrantes y refugiados. Para ello, se asignaron S/ 162,193.32 provenientes de un acuerdo de asociación con ACNUR. Sin embargo, el proyecto fue empañado por actos que evidencian una falta de control y supervisión interna en todas las etapas del proceso.
Elaboración irregular de los términos de referencia. Los términos de referencia fueron formulados en base a información proporcionada por el contratista Carlos Adán Boggio Noriega, un tercero ajeno a la entidad y sin responsabilidad técnica funcional.
Este mismo tercero fue incluido posteriormente como parte del personal de la empresa contratista adjudicada, generando un evidente conflicto de intereses.
Fraccionamiento indebido de contratos. En lugar de realizar una adjudicación simplificada, se fraccionaron los servicios en cuatro contratos menores: Acondicionamiento del local, Instalación de servicios sanitarios, Instalación de techo, Instalación de sistema eléctrico y pozo a tierra.
Este fraccionamiento vulnera lo estipulado en la Ley de Contrataciones del Estado y permitió evadir procedimientos más rigurosos.
Falta de competencia técnica en la validación de ofertas. Las propuestas iniciales presentadas por Maira Yosset Montealegre Añazco eran incompletas y fueron reformuladas fuera del plazo permitido.
A pesar de ello, se le adjudicó la buena pro, desestimando la participación de otros postores como VELMAT, afectando los principios de igualdad de trato y libre concurrencia.
Supervisión deficiente y pagos indebidos. Jhon Franklin Escobar Fernández, jefe del Área de Infraestructura y Seguridad Integral, otorgó conformidad a los trabajos sin verificar in situ la calidad técnica de los materiales ni el cumplimiento de las condiciones contractuales.
La inspección posterior evidenció deficiencias en los servicios ejecutados, como partidas incompletas y de baja calidad.
El informe señala a varios funcionarios y actores externos como responsables de las irregularidades:
Jhon Franklin Escobar Fernández, jefe del Área de Infraestructura y Seguridad Integral, elaboró los términos de referencia en base a información de un tercero y supervisó deficientemente los trabajos. Se le atribuye responsabilidad penal.
José Javier Murrieta Saavedra, especialista administrativo, se le atribuye responsabilidad penal.
Danitza Zevallos Infantes, exjefa de la Oficina Defensorial de Tumbes, validó las propuestas pese a no cumplir con los requisitos.
María Huamán Sánchez, jefa del área logística y Juan Calos Gonzales Hidalgo, fueron encontrados con responsabilidad administrativa.
Por otro lado, Carlos Adán Boggio Noriega, tercero ajeno a la entidad, fue quien proporcionó las proformas utilizadas para los términos de referencia y fue incluido como parte del personal de la contratista adjudicada.
Maira Yosset Montealegre Añazco, fue la proveedora que presentó propuestas reformuladas extemporáneamente y recibió la adjudicación de los contratos.
El informe recomienda iniciar acciones legales y administrativas contra los responsables, así como reforzar los mecanismos de control interno en la Defensoría del Pueblo. Además, insta a realizar auditorías periódicas para prevenir futuros casos de malversación y garantizar que los recursos se utilicen en beneficio de la ciudadanía.
La Contraloría ha desvelado un caso que no solo afecta la credibilidad de la Defensoría del Pueblo en Tumbes, sino que también refleja la urgente necesidad de mayor vigilancia en las contrataciones estatales.