La Contraloría General de la República ha emitido un informe alarmante que pone en evidencia una demora significativa en el abastecimiento de alimentos a los comedores populares bajo la responsabilidad de la Municipalidad Provincial de Tumbes (MPT). Según el informe de Orientación de Oficio n°015-2023-OCI/0475-SOO, tanto el Programa de Complementación Alimentaria (PCA) como el Programa de Alimentación y Nutrición para el Paciente con Tuberculosis y Familia (PANTBC) están experimentando retrasos en la entrega de insumos básicos, lo cual pone en riesgo la adecuada atención y el cumplimiento de los objetivos de estos programas sociales.
El informe revela que el pasado 20 de enero de 2023 se llevó a cabo una reunión de administración del Programa de Complementación Alimentaria, en la cual participaron representantes de la MPT, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), el Ministerio de Agricultura y la Organización Social de Base (OBS). Durante esta reunión, se acordaron los bienes que conformarían la canasta alimentaria para el periodo 2023, y estos acuerdos fueron comunicados a la subgerencia de abastecimiento de la MPT.
Sin embargo, a pesar de haber transcurrido más de cuatro meses desde aquella reunión, la entrega de insumos a los comedores populares ha experimentado una serie de demoras. El informe de la Contraloría detalla que el subgerente de abastecimiento presentó los precios referenciales para las canastas el 10 de febrero, y recién el 7 de marzo se emitió el requerimiento de compra de los insumos necesarios. Cabe resaltar que hubo un lapso de casi un mes entre la presentación de los precios referenciales y la emisión del requerimiento.
La demora en los trámites internos de la MPT continuó, y no fue hasta el 16 de marzo que el director de Prestaciones Sociales Complementarias del MIDIS envió un informe al alcalde de la Municipalidad de Tumbes, advirtiendo sobre el desabastecimiento en los comedores y solicitando que se agilicen los procesos de compra. A pesar de esta comunicación, los trámites continuaron, y finalmente, el 17 de abril se convocó a una subasta inversa electrónica para la adquisición de los insumos. Lamentablemente, el proceso de subasta fue declarado desierto el 3 de mayo, sin que se haya logrado concretar la compra.
La situación se agravó aún más cuando, el 23 de mayo, la subgerente de Programas Sociales de la MPT solicitó realizar una compra para cubrir el periodo de tres meses de desabastecimiento, con el objetivo de atender de manera urgente a los usuarios afectados por esta falta de insumos.
El informe de la Contraloría revela que la última entrega de alimentos a los comedores populares se realizó en febrero de 2023, y en el caso del PANTBC, la última entrega tuvo lugar el 19 de diciembre de 2022. Esto evidencia claramente la demora en el abastecimiento de alimentos. Es importante destacar que, hasta la fecha de emisión del informe, 25 de mayo, no se había realizado ninguna entrega de insumos a ninguno de los dos programas sociales, lo que implica que han pasado 125 días desde que el comité se reunió para seleccionar los productos que formarían parte de la canasta alimentaria.
La Contraloría General de la República ha remitido el informe al titular de la Municipalidad Provincial de Tumbes, instándolo a tomar las acciones necesarias para solucionar esta situación de manera inmediata. Asimismo, se ha publicado el informe en el Buscador de Informes de Servicio de Control del portal institucional www.gob.pe/contraloria, con el fin de garantizar la transparencia y el acceso a la información por parte de la ciudadanía.
En vista de esta grave demora en el abastecimiento de alimentos a los comedores populares a cargo de la Municipalidad de Tumbes, la Contraloría General de la República hace un llamado a las autoridades competentes para que tomen medidas urgentes y efectivas, asegurando así el suministro oportuno de alimentos a los comedores populares y garantizando el bienestar de la población beneficiaria de los programas de complementación alimentaria en la provincia de Tumbes. Esta situación requiere una pronta respuesta por parte de las autoridades involucradas, a fin de evitar un perjuicio mayor a los beneficiarios de estos programas sociales tan importantes para la comunidad.
