PEBPT aprobó la contratación directa invocando la causal de emergencia
El Órgano de Control Institucional (OCI) del Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes ha emitido el Informe de Hito de Control 010-2025, en el cual se evalúan las actuaciones preparatorias y las condiciones para el inicio de la ejecución de la obra “Ampliación del servicio de provisión de agua para riego, sector La Tuna, distrito de Tumbes”, una intervención clave para la recuperación agrícola de la región tras los estragos ocasionados por las lluvias excepcionales de este año.
Origen y contexto del proyecto. El proyecto fue registrado como inversión en junio de 2023, con un presupuesto inicial de S/12,2 millones, que posteriormente se actualizó a S/23,7 millones debido a la magnitud de los daños y la necesidad de intervención urgente. La obra busca restablecer y ampliar el sistema de riego en el sector La Tuna, afectado por precipitaciones que superaron incluso las del fenómeno de El Niño de 1983, dañando el 70% de la infraestructura de riego y afectando más de 15 mil hectáreas agrícolas, de las cuales 5 mil fueron consideradas pérdidas totales.
Proceso de contratación y declaratoria de emergencia. El proceso de selección de la empresa ejecutora estuvo marcado por varias nulidades y modificaciones. En septiembre de 2024 se convocó una licitación pública por S/18,9 millones, pero en diciembre de ese año fue declarada nula por contravenir normas legales, debiendo retrotraerse a la fase de actos preparatorios. Posteriormente, en marzo de 2025, el gobierno declaró el Estado de Emergencia en Tumbes por los daños ocasionados por las lluvias, habilitando la contratación directa para agilizar la respuesta y rehabilitación del sistema de riego.
Bajo este régimen excepcional, la obra fue adjudicada al Consorcio Ejecutor La Tuna, conformado por Grucons J&M Contratista Generales S.A.C., Sánchez Rico Ingeniería y Construcción S.A.C. y Fortaleza Mam Contratista S.A.C., por un monto de S/21,8 millones y un plazo de 270 días calendario. La supervisión estará a cargo del Consorcio Supervisor La Tuna, integrado por el ingeniero Karlos Calero Zarate y Milex William Peralta Culquipoma, por S/942 mil y un plazo de 300 días.
Hallazgos y advertencias de la Contraloría. El informe del OCI detalla que la decisión de contratar de manera directa estuvo sustentada en la necesidad de restablecer el servicio de riego a la brevedad posible, dada la gravedad de los daños y el impacto en la economía agrícola local. Sin embargo, la Contraloría advierte sobre la importancia de que todas las actuaciones preparatorias y el inicio de la obra se ajusten estrictamente a la normativa vigente, al expediente técnico y a las disposiciones contractuales, para evitar riesgos en la legalidad, eficiencia y transparencia del uso de los recursos públicos.
En particular, el informe señala la necesidad de verificar que se hayan cumplido todas las condiciones para el inicio de la ejecución, incluyendo la formalización de contratos, la entrega de terrenos libres de interferencias y la disponibilidad de los expedientes técnicos actualizados. Además, recomienda un seguimiento riguroso de la ejecución y la supervisión de la obra para prevenir retrasos, sobrecostos y posibles irregularidades.
PEBPT responde a informe. El PEBPT explicó que la contratación directa de la obra y su supervisión se realizó en el marco de la declaratoria de Estado de Emergencia, priorizando la atención urgente a los agricultores afectados por las intensas lluvias que dañaron gravemente la infraestructura de riego.
En su respuesta, detalló que ya se han iniciado los trámites para asegurar que la ejecución de la obra cumpla con todas las disposiciones legales y técnicas exigidas. Además, informó que ha dispuesto la conformación de un equipo técnico especializado para supervisar de manera permanente el avance del proyecto y atender cualquier nueva observación que pueda surgir durante la ejecución de la obra.
La institución manifestó su disposición a colaborar plenamente con la Contraloría y otras entidades fiscalizadoras, remitiendo la documentación y los informes requeridos para demostrar el cumplimiento de las recomendaciones.