La congresista María Cordero Jon Tay solicitó a la Contraloría General informe si hay responsabilidad administrativa, civil o penal en las obras paralizadas que han generado grandes pérdidas en la región Tumbes.
Cordero Jon Tay dijo que es importante determinar si los funcionarios que han estado al frente de la región desde el 2019 tienen alguna injerencia en presuntos actos de corrupción.
El anuncio lo hizo luego de que se diera a conocer que la Contraloría General de la República ha detectado un total de 13 proyectos paralizados en reunión con las autoridades electas.
“Tenemos un acumulado de ejecución de obras paralizadas por arbitrajes, medidas cautelares y contratos resueltos, estos procesos en su mayoría no tienen resultados favorables para el Estado, por ello exijo mano dura y que caiga todo el peso de la ley contra los que resulten responsables”, manifestó.
Agregó, que no se puede perjudicar a la población por funcionarios incompetentes que solo piensan en su propio beneficio sin tener en cuenta las verdaderas necesidades que requieren y muchas veces por años vienen solicitando.
Manifestó que de encontrarse responsabilidad pedirá también la pronta intervención del Poder Judicial y el Ministerio Público para que le caiga todo el peso de la ley contra quienes resulten responsables.
Además, mediante Oficio N.º 1081-2022 dirigido al Contralor de la República solicitó que los informes sean remitidos a su despacho con el propósito que desde la Comisión de Fiscalización del Congreso coadyuve al trabajo que vienen haciendo las autoridades salientes.
Dicha solicitud de conformidad con los dispuesto en el artículo 96° de la Constitución Política del Perú y el artículo 87° del Reglamento del Congreso de la República.
Dato: El contralor Nelson Shack se reunió con las autoridades regionales y municipales electas de Tumbes, con el objetivo de compartir información sobre la situación de las 13 obras paralizadas y 409 inversiones públicas en la región, a fin de que se reactiven y concreten prontamente, y otros temas relacionados al control gubernamental y gestión pública, previo al inicio de sus funciones a partir del 1 de enero de 2023.