Los diferentes casos de corrupción que han golpeado duramente la institucionalidad del Gobierno Regional de Tumbes en los últimos años, es una de las principales razones para que la nueva gestión del 2023 pueda impulsar el ‘Modelo de Integridad’ en esta zona norte del país. Así lo señaló el profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, Juan Carlos Pasco Herrera.
Precisó que, tras una investigación realizada con el profesor José Luis Pérez Guadalupe, descubrieron que, a nivel nacional, solo 6 gobiernos regionales del país han logrado implementar una oficina de Integridad, con el propósito de evitar actos de corrupción y velar por el gasto eficiente del presupuesto público.
En ese sentido, lamentó que Tumbes aún no cuente con esta oficina pese los actos de corrupción de gobiernos regionales anteriores que han venido dañando la institucionalidad y, por supuesto, la gestión pública en beneficio de los habitantes.
“Tumbes ha sido muy golpeado por actos de corrupción. El Gobierno Regional debe implementar correctamente el ‘Modelo de Integridad’ y no solo por cumplimiento, sino para proteger a la organización, y allí hay algo muy importante, que los consejos regionales por norma deben crear una Comisión Regional Anticorrupción”, detalló el catedrático.
Precisó que la implementación de la integridad en la función pública moderna descentralizada supone esfuerzos a mediano y largo plazo, un desafío que deberá asumir por los nuevos gobernadores regionales del país, que incluye a Tumbes, a partir del 1 de enero del próximo año.
Si bien desde 2018 el país tiene aprobado un ‘Modelo de Integridad’ que es un conjunto de componentes para evitar actos de corrupción, según Pasco Herrera, los resultados no son alentadores.
Sin embargo, dijo que Tumbes tiene la oportunidad de crear la oficina de Integridad bajo la conducción de un equipo técnico de alto nivel y con funciones establecidas, de esta manera podrá poner en marcha este modelo y mejorar la gestión pública regional.
Cabe indicar que el ´Modelo de Integridad’, definido en el Decreto Supremo Nº 044-2018-PCM, que aprobó el “Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021”, analiza la implementación de las estrategias y herramientas de lucha contra la corrupción en los veintiséis Gobiernos Regionales del país.