El Poder Judicial decidió extender por ocho meses adicionales la investigación contra la suspendida congresista María Cordero Jon Tay, acusada de haber obligado a un trabajador de su despacho a entregarle la mitad de su sueldo. Mientras la Fiscalía busca esclarecer los hechos, la defensa de la legisladora intenta frenar la investigación con recursos legales. ¿Se hará justicia o quedará impune?
UNA INVESTIGACIÓN QUE SE ALARGA POR OCHO MESES MÁS. El escándalo que envuelve a la suspendida congresista María Cordero Jon Tay continúa escalando. El Poder Judicial ha determinado ampliar el plazo de la investigación preparatoria en su contra por ocho meses adicionales, en el marco de las graves acusaciones de recorte de sueldos a un trabajador de su despacho congresal.
Según la resolución del juez supremo Juan Carlos Checkley, esta prórroga responde a un pedido de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, que argumentó la necesidad de recabar más pruebas para esclarecer el presunto delito de concusión en agravio del Estado.
El magistrado consideró que la prórroga es necesaria, ya que la investigación ha sido declarada compleja y aún faltan por realizarse diligencias clave, como: Levantamiento del secreto bancario de la investigada, declaraciones de testigos y de la propia María Cordero y solicitud de informes y registros al Congreso de la República.
“En consecuencia, el requerimiento de prórroga de investigación preparatoria se declara fundado”, concluye la resolución emitida el 10 de febrero del 2025.
¿MANIOBRA DE LA DEFENSA PARA DILATAR EL PROCESO?. A pesar de la contundencia de la acusación, la defensa legal de María Cordero intentó frenar la ampliación de la investigación. Alegaron que no existió ninguna obstrucción por parte de su patrocinada y solicitaron que, en caso de concederse una prórroga, esta sea de solo cuatro meses en vez de ocho.
Además, la congresista suspendida se negó a brindar declaraciones ante las autoridades, alegando su derecho a no autoincriminarse. Sin embargo, su defensa sostiene que ha recabado documentación que le permitirá presentar un recurso de nulidad de todo el proceso, alegando una vulneración al debido proceso y al derecho de defensa en sede parlamentaria.
La estrategia parece clara: ganar tiempo y desgastar el caso mediáticamente para evitar un desenlace que termine en una condena.
LAS GRAVES ACUSACIONES QUE PESAN SOBRE MARÍA CORDERO. El caso que ha llevado a María Cordero al banquillo de los acusados es escalofriante. La Fiscalía sostiene que, entre los meses de marzo y agosto del 2022, la legisladora habría obligado a un trabajador de su despacho congresal a entregarle el 50% de su sueldo.
Este acto, conocido como «diezmo» o «mochasueldos», es un delito de concusión que afecta directamente los recursos del Estado y ha sido ampliamente denunciado en el ámbito político.
Por estos hechos, la Fiscalía de la Nación formalizó la investigación preparatoria luego de que, el 14 de marzo del 2024, el Pleno del Congreso de la República aprobara suspender a María Cordero Jon Tay y levantar su inmunidad parlamentaria, permitiendo que pueda ser procesada por la justicia.
Sin embargo, en un giro polémico, el Congreso no aprobó su inhabilitación por 10 años, lo que le permitiría postular nuevamente a cargos públicos en el futuro, un hecho que ha indignado a la ciudadanía.
Con esta ampliación del plazo de investigación, la situación de María Cordero Jon Tay se complica cada vez más. Si las pruebas en su contra se consolidan, podría enfrentar una dura condena por corrupción.
La Fiscalía sigue con su trabajo, el Poder Judicial ha dado luz verde para seguir investigando, y la defensa de la suspendida legisladora busca todas las artimañas legales posibles para eludir la justicia.