Las artimañas administrativas al interior de la Untumbes, se pondrían en evidencia luego de que a pesar de haberse emitido la Resolución Número Siete de fecha 08 de noviembre del 2022 por el Juez Rodrigo Marcial Cueva Ramirez, misma que restablece la vigencia de la inhabilitación al Rector de la UNT, la cual fue notificada al inhabilitado el 25 de noviembre del 2022, en consecuencia la Untumbes, con fecha 30 de noviembre del 2022, ha publicado la Resolución N° 0543-2022/UNTUMBES-R de fecha 24 de noviembre del 2022 a través de la cual, se encarga el Despacho del Rectorado a José Luis Saly Rosas Solano, a partir del 25 de noviembre del 2022 motivando este acto resolutivo una solicitud por parte de José Cruz Martinez, de uso físico de diez días de vacaciones del 25 de noviembre al 04 de diciembre del 2022.
Esta resolución fue confirmada por Resolución N° 1622-2022/UNTUMBES-CU de fecha 29 de noviembre del 2022 y publicada el 01 de diciembre del 2022, en una reunión sorpresiva convocada y realizada, entre gallos y medianoche, el 28 de noviembre del 2022 a las 4:00 p.m., dirigida por el Secretario General Ivan Abdon Puell Seminario, en la cual sólo se habría dado cuenta de lo actuado por el inhabilitado y con participación de José Luis Saly Rosas Solano, sin haber sometido a votación; sin embargo, en esta última resolución se indica que ha habido acuerdo de Consejo Universitario.
Estas artimañas administrativas se han realizado a pesar de que con fecha 24 de noviembre del 2022 (Expediente N° 1085) se notificó al Secretario General el OFICIO N° 310-2022-UNTUMBES-OCI comunicando la inhabilitación del funcionario José de la Rosa Cruz Martinez y en este mismo documento (en el primer párrafo), se indicaba que a través del OFICIO N° 309-2022-UNTUMBES-OCI de fecha 23 de noviembre del 2022, se informó al Consejo Universitario, la existencia de la Resolución N° Siete de fecha 08 de noviembre del 2022 que restablece la vigencia de la inhabilitación.
El Rector y el Consejo Universitario hicieron caso omiso a estas comunicaciones e incurrieron en actos ilegales al no actuar de manera inmediata mientras que el Rector siguió firmando y despachando documentos que no podían ser firmados por estar inhabilitado.
Ahora, en ese contexto la pregunta es; ¿Por qué el OFICIO N° 310-2022-UNTUMBES-OCI fue ingresado a la Oficina de Asesoría Jurídica, si estaba dirigido al Secretario General de la Untumbes? ¿Qué está sucediendo o que se trama en la OCI de la Untumbes? ¿Cómo se interpreta el rol del Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica en estos actos ilegales, si sabemos que antes fue su defensor legal en otros casos penales en los cuales el investigado es el mismo inhabilitado?
Lo cierto es que el Rector de la Untumbes si ha estado inhabilitado y ha seguido despachando y ha encargado el Despacho Rectoral utilizando fechas calendario con el fin de acomodar la emisión de actos resolutivos (resoluciones, Rectoral y de Consejo Universitario) que le den un respiro para lograr lo que hoy día ha resuelto el Juez Cueva (su presunto cómplice en el Poder Judicial, entre otros cómplices, jueces y especialistas que son egresados de la Untumbes).
Lo que sucedería en la Untumbes es que estarían actuando con totalitarismo y con nula transparencia respecto de información y acuerdos que adoptan el Consejo Universitario, la Asamblea Universitaria y la publicación de actos resolutivos. Pues, cuando solicitados por un miembro del estamento universitario que no es de su grupo, se zurran en la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública y no se atiende ninguna solicitud de información.
Esto ya no es un derecho a la defensa o un acto procesal o administrativo cualquiera; sino, más bien, un escándalo de corrupción a todo nivel y que tendría como matriz principal, a la Casa de Estudios y algunas, de sus autoridades, funcionarios, docentes y administrativos, con lo cual, no es tirado de los pelos afirmar que existiría una organización criminal liderada por el inhabilitado, la que se extendería hasta las esferas de la Contraloría General de la República, del Ministerio Público y del Poder Judicial, entidades que tienen una actitud poco convincente, transparente, rápida y oportunidad en los actos de corrupción que a diario se realizan en la denominada Untumbes.
Esperemos que la Sala Civil, quien deberá resolver el recurso de apelación presentado por el inhabilitado programe la vista de la causa (audiencia) con la celeridad que el caso requiere y adopte la decisión más conveniente para fines de justicia, en un tiempo en el que la corrupción está venciendo a la honestidad y moralidad de quienes la alta responsabilidad de manejar los fondos públicos.
Cómo dato adicional debemos mencionar que sobre algunos de los nueve funcionarios y otros funcionarios adicionales vinculados al caso que nos ocupa, está en desarrollo una acción penal sobre colusión agravada que corre en el Expediente N° 00774-2015-0-2601-JR-PE-03.
Es necesario que en tiempos en que la corrupción está venciendo a la honestidad y moralidad de quienes tienen la alta responsabilidad de manejar los fondos públicos, se emita resoluciones judiciales en pro de la justicia.