María Cordero, congresista fujimorista por Tumbes, ha sido acusada de concusión por su compañera de bancada, Martha Moyano, debido a un audio en el que se le escucha recortar el sueldo a un trabajador de su despacho. La denuncia ha sido admitida a trámite por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), lo que ha generado una serie de reacciones.
Según el denunciante, la parlamentaria recortó su salario en un 50% durante los primeros seis meses de trabajo y aumentó el monto en los meses siguientes. El audio en el que se le escucha exigir al trabajador ir al cajero para entregarle el dinero ha sido presentado en un programa periodístico y ha generado gran controversia.
María Cordero ha presentado un descargo ante la SAC en el que niega los hechos y señala que los audios presentados en el reportaje periodístico no han sido corroborados por un perito en acústica y audiología forense o un perito informático. Además, ha solicitado que se archive la acusación constitucional en su contra.
Según María Cordero, los audios presentados en el reportaje periodístico “no han sido corroborados por un perito en acústica y audiología forense o un perito informático”. «No se ha determinado que las frases antes citadas hayan sido dichas por mi persona o que no hayan sido manipuladas”, resaltó la congresista en su descargo presentado ante el SAC el último miércoles 10 de mayo.
La congresista argumenta que «iniciar un proceso de investigación en mi contra con prueba inauténtica (prohibida) afecta gravemente el derecho al debido proceso que me asiste». También ha pedido la improcedencia o el archivamiento de la denuncia, debido a que la decisión de la SAC se basó en un hecho inexacto, según ella.
En su descargo, María Cordero también ha señalado que la denunciante, Martha Moyano, está impedida de presentar denuncias constitucionales debido a que ostenta la calidad de Vicepresidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Por ello, ha pedido que se declare nulo el Informe de Calificación y se emita un nuevo pronunciamiento.
El caso ha llegado a la Comisión de Ética del Congreso, presidida por la congresista Karol Paredes (Acción Popular), quien ha aprobado los informes de calificación en contra de las legisladoras Katy Ugarte, Rosio Torres y María Cordero para iniciar las investigaciones por el presunto recorte de sueldo a sus extrabajadores.
Cabe destacar que la SAC ha admitido a trámite las denuncias constitucionales presentadas contra Torres Salinas, Ugarte Mamani y Cordero Jon Tay. Además, la Fiscalía ha iniciado una investigación preliminar como presuntas autoras del delito de concusión.
El delito de concusión consiste en que una autoridad, funcionario público o servidor público exija o permita la entrega de una parte del sueldo o salario de una persona. Si se demuestra que María Cordero ha cometido este delito, podría ser destituida de su cargo y recibir una inhabilitación para ejercer función pública por un período de hasta 10 años.
El caso ha generado un gran revuelo en la opinión pública y ha puesto en entredicho la imagen de la clase política peruana. La ciudadanía espera que las autoridades competentes actúen con celeridad y transparencia en la investigación de este caso y en todos aquellos que involucren a funcionarios públicos.
LOS TRES “MOCHA SUELDO”. El último 12 de mayo, la Comisión de Ética, presidida por la congresista Karol Paredes (Acción Popular), aprobó los informe de calificación en contra de las legisladoras Katy Ugarte, Rosio Torres y María Cordero para así dar inicio a las investigaciones por el presunto recorte de sueldo a sus extrabajadores.
Vale precisar que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) admitió a trámite las denuncias constitucionales presentadas contra Torres Salinas, Ugarte Mamani y Cordero Jon Tay. Además, la Fiscalía les abrió una investigación preliminar como presuntas autoras del delito de concusión.