Jhon Edwin Ypanaque Ancajima, Edgar Vásquez Urteaga, Alicia Clavijo Infante y Roxana del Pilar Mesías Alvarado no tienen el perfil pero igual fueron beneficiados
Un reciente Informe de Acción de Oficio Posterior N° 023-2025, emitido por el Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional de Tumbes, ha detectado irregularidades en el proceso de contratación del personal responsable del proyecto “Mejoramiento de los servicios de salud para la notificación epidemiológica, atención, seguimiento y monitoreo de las enfermedades prevalentes y reemergentes en la red de salud Tumbes”.
Este proyecto de inversión pública, que abarca las provincias de Tumbes, Zarumilla y Contralmirante Villar, y con un presupuesto superior a los 4.6 millones de soles, tiene por objetivo fortalecer la capacidad de respuesta y vigilancia en salud ante enfermedades prevalentes y reemergentes. Sin embargo, la Contraloría ha advertido que el Gobierno Regional contrató a coordinadores generales y supervisores sin cumplir adecuadamente los perfiles y términos de referencia establecidos, afectando la legalidad en el acceso a la función pública y poniendo en riesgo la calidad del servicio.
El informe señala que, durante diciembre del 2023 y en el año fiscal 2024, los profesionales contratados para los cargos de coordinador general y supervisor no cumplieron con los requisitos mínimos definidos en el expediente técnico del proyecto. Entre las falencias destacan la falta de colegiatura y habilitación vigente, ausencia de grado de maestría en áreas específicas, insuficiente experiencia en gestión y supervisión de proyectos de salud e inversión pública, así como carencia en manejo de herramientas informáticas básicas.
Por ejemplo, Jhon Edwin Ypanaque Ancajima, contratado como coordinador general, no contaba con el certificado de habilidad profesional vigente al momento de su contratación en diciembre del 2023. De manera similar, Roxana del Pilar Mesías Alvarado, supervisora contratada en ese período, carecía del grado de maestría en gestión pública exigido y no acreditó manejo de herramientas informáticas, un requisito básico para el cargo.
En el mismo sentido, Edgar Vásquez Urteaga, supervisor desde febrero hasta abril de 2024, no acreditaba experiencia mínima de un año en supervisión de proyectos de inversión pública, habiendo desarrollado su trayectoria sólo como especialista en gestión comunal. Posteriormente, Alicia Clavijo Infante fue contratada como coordinadora general desde agosto del 2024, pero tampoco cumplió con la experiencia completa requerida en gestión de proyectos de salud y manejo informático, y su título de maestría estaba relacionado con educación y gestión educativa, no con ciencias de la salud como señalaban inicialmente los términos.
El informe detalla que el Gobierno Regional de Tumbes modificó los términos de referencia en enero del 2025 para flexibilizar los requisitos de contratación, permitiendo que la exigencia específica de un grado de maestría en ciencias de la salud sea sustituida por un diplomado o seminario, y ampliando el campo para incluir otras disciplinas afines como gestión pública.
Esta medida fue justificada por la necesidad de contar con personal idóneo y lograr la ejecución total del proyecto durante el año fiscal, según una comunicación interna firmada por la Gerencia Regional de Desarrollo Social. Sin embargo, la Contraloría considera que esta ampliación contribuyó a la contratación de personal que no acreditaba plenamente la idoneidad técnica y experiencia, lo cual compromete la calidad y eficacia del proyecto.