El gobernador regional de Tumbes, Segismundo Cruces Ordinola, se pronunció sobre la terrible situación que se vive en la región de Puño. La autoridad dijo que existe preocupación en todas las autoridades regionales sobre los actos de violencia que han causado muchos muertos y que se espera que en el Acuerdo Nacional se tomen las medidas necesarias para afrontar la situación.
«Estamos buscando una solución, tenemos una reunión importante de los Gores, donde tenemos que sacar un pronunciamiento. Queremos la paz y trabajar», expresó en una entrevista.
Cruces Ordinola indicó que al conocer de lo que sucedía en Puno y ante una llamada del gobernador, Richard Hancco Soncco, se suspendió la reunión del Acuerdo Nacional, que se realizaba en Palacio de Gobierno.
«Recibimos el mensaje del hermano de Puno donde indicaba que ya había 9 muertos, por eso se suspendió la reunión, porque no queríamos ni un muerto más», anotó.
La autoridad regional de Tumbes indicó que a pesar de estar en el otro extremo del país «con el gobernador de Puno me une una gran amistad. Sentimos la revolución que existe, sin embargo, tenemos que tomar el asunto con delicadez».
En tal sentido, dijo que durante la reunión de los gobernadores en Lima para elegir al nuevo presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales(ANGR), emitirán un pronunciamiento único sobre lo que acontece en el país, especialmente en Puno.
«Tenemos que estar unidos. Lo que pasa en Puno se tiene que acabar y hoy tenemos una reunión de los presidentes de los Gores, para saber qué resultados y acciones vamos a tomar», afirmó tras que los gobernadores de Puno, Cusco y Apurímac participarán de manera virtual de ser el caso.
Cruces Ordinola afirmó, al hablar de su gestión, que le espera una gran labor en temas de seguridad e infraestructura principalmente, para lo cual se requiere de inversión pública y social, sobre todo para culminar obras que han quedado inconclusas.
Por ello dijo que es necesario trabajar una agenda conjunta con las regiones para atender las demandas de la población.
OLA DE MUERTES. Desoladas y silenciosas lucen las calles de Puno tras las 17 muertes y los más de 50 heridos que se registraron durante las violentas protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte.
Las actividades comerciales están completamente paralizadas en la ciudad puneña de Juliaca ante los saqueos a dos reconocidos centros comerciales, así como los ataques a las sedes del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Jurado Nacional de Elección, Ministerio Público, entre otros.
TOQUE DE QUEDA. Desde el martes, 10 de enero, en Puno rige un toque de queda desde las 08:00 p.m. hasta las 04:00 a.m. por un plazo de tres días. Así lo anunció el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola.
Durante su presentación ante el Congreso para pedir el voto de confianza, el jefe del Gabinete detalló que la medida se aprobó en el Consejo de Ministros y que la inmovilización social obligatoria se impone para “salvaguardar” la vida e integridad de los ciudadanos, tras los actos vandálicos y enfrentamientos entre manifestantes y policías que se han registrado ayer, lunes 9, en Puno.
“Se ha aprobado en el Consejo de Ministros un Decreto Supremo que declara la inmovilización obligatoria en Puno por el plazo de tres días desde las 20:00 horas hasta las 04:00 de la mañana. Esto, en salvaguarda de la vida, de la integridad y de la libertad de todos los ciudadanos”, declaró.
Otárola también anunció que el Gobierno de Dina Boluarte ha declarado duelo nacional laborable para el miércoles, 11 de enero, en señal de respeto a las 45 víctimas mortales que se han producido durante las protestas que iniciaron entre la segunda y tercera semana de diciembre.
En ese sentido, el primer ministro recalcó que el Gobierno aplicará un programa de apoyo para las familias de las víctimas. Por ello – informó – se ha nombrado una Comisión Especial que debe presentar en el más breve plazo, todo el procedimiento de registro, calificación y reconocimiento oficial de víctimas, así como la naturaleza y valor de la compensación.
“Para mitigar el dolor de las familias de las personas que perdieron la vida o resultaron gravemente heridas durante los ataques y revueltas en torno a las marchas de protesta ocurridas en diversas ciudades, el Gobierno va a aplicar un programa de apoyo a las familias de las víctimas”, resaltó.