El último viernes se dio inicio a la audiencia de control de acusación donde la Fiscal adjunta provincial Ruth Elizabeth Poicón Chang, del cuarto equipo de la Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada (FECOR) de Piura, sustentó la acusación que presentó en contra de los presuntos integrantes de la organización criminal “Los Paisas de Talara”.
Debido a la complejidad del caso, que tiene 30 acusados por los delitos de Organización Criminal, Hurto Agravado, Suministro y Comercio de materiales peligrosos, Cohecho Activo en el ámbito de la Función Policial, entre otros, las audiencias continuarán en el mes de junio.
Finalizada esta etapa, se fijaría ya la fecha para el inicio del Juicio oral.
FECOR Piura está solicitando para sus líderes Frank Onavio Castillo Obando y Medardo Rivas Lupuche, la pena máxima de 30 y 20 años respectivamente.
Cabe recordar que este caso tiene 17 imputados con prisión preventiva por 36 meses, la misma que vence en julio de este año.
POLICÍAS EN LA RED. El operativo policial en simultáneo se efectuó en Talara, Sullana, Paita y Trujillo, el 13 de julio de 2018, con el resultado de 19 detenidos de los 25 que integraban la organización, entre ellos cinco policías en actividad y una mujer. Las autoridades desde hace meses seguían los pasos a los cinco efectivos policiales que tenían como misión alertar de los operativos a los cabecillas de la red. También facilitaban el pase de vehículos con el cargamento ilegal. A cambio, todos ellos recibían cupos de dinero, en diversos montos.
DETENIDOS. En el operativo fueron detenidos: Frankin Castillo Obando, Jhonny Garay Cortez, Medarda Rivas Lupuche, Juan Carlos Cortez Flores, Pablo Peña Rodríguez, Juan Carlos Flores Morán, Deward Castillo Alva, William Márquez Pariatan, Luis Chang Cruz, Yen Chang Cruz, Juan Farro Castro y Víctor Gonzales. Asimismo los efectivos policiales Marvin Cano Labán, Aldo Pulache Rivas, Pedro Romero Valdiviezo, Norvin Chaquila Silva y Percy Ennio Murrieta Serna, es último natural del distrito de Corrales, en la región de Tumbes.

Cabe mencionar que una fortuna amasó en los últimos años la citada red criminal, dedicada al hurto, procesamiento artesanal y comercialización ilegal de petróleo crudo y refinado. Las autoridades aseguran que anualmente obtenían el botín de S/. 2 millones 304 mil soles por el crudo y S/. 5 millones 140 mil soles por el combustible refinado. Se dice que la organización operaba desde el 2009.
En octubre del 2018, la Sala Penal de Apelaciones de Sullana revocó el mandato de prisión preventiva de 18 a 36 meses para diez presuntos miembros de dicha agrupación delictiva.
En tanto, el mismo tribunal dispuso que 5 policías y 5 personas más involucradas en el caso y que venían siendo investigados en libertad se revoque la medida por cárcel preventiva de nueve meses, que los cumplirán en el penal piurano.