De ser condenados podrían irse 15 años a la cárcel. El escándalo de presunta corrupción es por la obra Rica Playa – Bocana adjudicada a Los Idrogo
La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción ha dispuesto la formalización y continuación de la investigación preparatoria contra Lenin Harold Ávila Silva y otros funcionarios, por los presuntos delitos de colusión y negociación incompatible. La investigación, liderada por la fiscal Mirian Margot Umbo Ruiz, tiene como epicentro el proyecto “Mejoramiento de la Ruta Departamental TU-105 Tramo Rica Playa – La Bocana”, valorizado en más de S/ 37 millones y adjudicado al Consorcio La Bocana.
LA TRAMA DE LA PRESUNTA COLUSIÓN MILLONARIA. Según el expediente N° 3506015500-2024-108-0, la Fiscalía sostiene que Lenin Harold Ávila Silva, en su calidad de Gerente Regional de Infraestructura, habría actuado en contubernio con el representante del consorcio, Rodolfo David Ulloque Vinces, para adjudicar de manera directa y fraudulenta la ejecución de la obra. La investigación señala un presunto pacto subrepticio para beneficiar indebidamente al consorcio mediante la aprobación de prestaciones adicionales por trabajos que se encontraban dentro del período de garantía.
El informe detalla que el Gobierno Regional de Tumbes habría autorizado la demolición y reconstrucción de alcantarillas que aún estaban cubiertas por la garantía de la primera etapa de la obra, ejecutada por las mismas empresas que conforman el consorcio beneficiado.
PAGOS FANTASMA Y PERSONAL INEXISTENTE. Las pruebas recolectadas por la Contraloría General de la República revelan un presunto esquema de pago por partidas fantasmas. Según los informes, se habrían realizado pagos por transporte y personal que nunca estuvieron presentes en la obra. Se desembolsaron más de S/ 320,400 para el transporte de personal y combustible que jamás se utilizó, y S/ 15,101.10 para el seguro complementario de trabajo para trabajadores que ni siquiera estaban incluidos en la póliza.
Además, se detectó que personal clave como especialistas en seguridad y medio ambiente, cuya contratación ascendía a S/ 72,000 por profesional, nunca permaneció de manera continua en la obra. Este hallazgo no solo revela una falta de supervisión sino un presunto arreglo fraudulento para justificar pagos irregulares.
OBRAS PAGADAS DOS VECES Y VALORES INFLADOS. La Fiscalía también apunta a la duplicación de pagos en las partidas 06.04, 06.05 y 06.06, correspondientes a programas de manejo de aguas residuales, monitoreo ambiental y contingencia, que habrían sido valorizadas repetidamente. Estos pagos duplicados habrían permitido inflar artificialmente el valor de la obra para beneficiar al consorcio.
Asimismo, se cuestiona la aprobación de un adicional de obra por S/ 270,274.52 para la demolición y reconstrucción de estructuras que debían estar cubiertas por la garantía de siete años. Esta maniobra habría permitido que el consorcio cobrara nuevamente por trabajos ya financiados en la primera etapa.
Red de Corrupción presuntamente instaurada en el Gobierno Regional. Entre los investigados figuran:
Lenin Harold Ávila Silva: Gerente Regional de Infraestructura, señalado como el principal artífice del esquema de colusión.
Rodolfo David Ulloque Vinces: Representante del Consorcio La Bocana, acusado de ser el cómplice directo en el fraude.
José Olegario García Flores: Subgerente de Obras, acusado de facilitar pagos irregulares y adicionales fraudulentos.
Segundo Andrés Romero Romero: Supervisor de obra, presuntamente implicado en la justificación de demoliciones innecesarias.
La Fiscalía ha tipificado los hechos como colusión agravada, delito que contempla penas de hasta 15 años de cárcel. Además, los involucrados podrían enfrentar inhabilitaciones de hasta 20 años y el pago de multas millonarias.
La pelota está en la cancha del Poder Judicial, que deberá actuar con rapidez y firmeza para evitar la impunidad. Se espera que los congresistas le den seguimiento a este caso y no pase como otros que duermen el sueño de los justos.