Una investigación periodística del programa dominical Panorama ha revelado graves denuncias contra Samuel Natanael Ordóñez Sosa, esposo de la congresista tumbesina Magally Santisteban de Fuerza Popular, por presuntos actos de acoso sexual, hostigamiento laboral, abuso de autoridad y violencia psicológica dentro del despacho parlamentario. Testigos y extrabajadores del Congreso han señalado que Ordóñez actuaba como si fuera el verdadero congresista, tomando decisiones administrativas, contratando y despidiendo personal, y controlando la dinámica laboral con amenazas y difamaciones.
De acuerdo con los testimonios, Ordóñez utilizaba su cercanía con la legisladora para imponer su autoridad en la oficina, supervisando constantemente a los empleados y exigiendo información sobre sus actividades y ubicación, incluso enviando fotografías de sus movimientos. Exasesoras como Roxana Dioses relataron que el esposo de la congresista ejercía un control tan intenso que les exigía “lealtad y transparencia”, pero bajo amenazas de difusión de información falsa a la prensa. Asimismo, Dioses denunció que fue víctima de acoso sexual por parte de Ordóñez, sustentado con capturas de conversaciones en las que enviaba mensajes insinuantes y comentarios personales.
Otra trabajadora, Edith Lorenzo, formalizó una denuncia enviando una carta notarial a Ordóñez exigiendo que cese el hostigamiento, la violencia psicológica y la difamación, luego de que el esposo de la parlamentaria pusiera un cartel difamatorio en la vía pública contra ella. Testigos indicaron que Ordóñez despidió a varios empleados, entre ellos Rolando Tamani, cuyos despidos habrían sido motivados por celos y por considerarles una “amenaza” para su relación con Santisteban.
El ambiente laboral en el despacho resultó en un clima de temor y presión constante, donde empleados optaron por renunciar ante la influencia y el control ejercido por Ordóñez, quien según fuentes internas operaba como una autoridad paralela dentro del Congreso.
Consultada sobre el caso, la congresista Magally Santisteban negó que su esposo tomara decisiones en su despacho y afirmó que todas las decisiones administrativas son responsabilidad de su personal. Sin embargo, fuentes internas del Congreso confirmaron que la intervención de Ordóñez era visible y afectaba el funcionamiento de la oficina parlamentaria.
Ante las denuncias, el Poder Judicial ha dispuesto medidas de protección para algunos trabajadores y para la propia congresista, ya que también se sospecha que Santisteban fue víctima de violencia por parte de su esposo. Actualmente, Ordóñez tiene prohibido acercarse al Congreso y a su esposa.
Este episodio pone en evidencia un problema recurrente en el Congreso, donde personas allegadas a legisladores ejercen influencia indebida sobre procesos internos y empleados, afectando el clima laboral y la imagen institucional. Expertos recomiendan reforzar los mecanismos de control y protección para evitar que situaciones semejantes se repitan en los espacios parlamentarios.
Samuel Ordóñez, ante las consultas de la prensa, declaró encontrarse hospitalizado y no pudo ofrecer descargos inmediatos.
Este caso ha generado preocupación en el ámbito político y laboral, y sigue bajo seguimiento de las autoridades competentes en búsqueda de justicia y garantías para quienes trabajan en el Congreso de la República.