La oficina de la Defensoría del Pueblo en Tumbes requirió al Gobierno Regional que recuerde a las empresas contratistas brindar facilidades y permitir las acciones de vigilancia ciudadana, contribuyendo con la participación y control de la gestión pública, en la ejecución y el uso de recursos del Estado.
Esta solicitud se realizó luego de tomar conocimiento que el pasado 20 de octubre, un consejero del Gobierno Regional denunció, por las redes sociales, que tuvo restricciones para realizar su labor de fiscalización en la ejecución de la obra «Remodelación de sala de cuidados Intensivos, sala de hospitalización, sala de monitoreo y sala de observación en el Hospital Regional José Alfredo Mendoza Olavarría JAMO 11-2 – Tumbes», por el monto de S/ 13 046 764.
Ante ello, el jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Tumbes, Abel Chiroque, recordó a la entidad regional que el artículo 16° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867, especifica que son derechos y obligaciones de los consejeros regionales: «Fiscalizar los actos de los órganos de dirección y administración del Gobierno Regional u otros de interés general».
Con la finalidad de evitar que estas restricciones se extiendan también a la ciudadanía, la institución demandó a la entidad regional disponer que la Gerencia de Infraestructura y Obras recuerde a las empresas que ejecutan obras, la obligación de permitir el ejercicio del derecho a la participación y control ciudadano, brindando las facilidades a los ciudadanos vigilantes.
Asimismo, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Tumbes exigió al Gobierno Regional garantizar el ejercicio del derecho a la buena administración evitando que en adelante los ciudadanos puedan tener restricciones para sus acciones de vigilancia ciudadana.
Este pedido se sustentó en el artículo 17° de la Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27783, el cual establece que los gobiernos locales y regionales están obligados a promover la participación ciudadana en la gestión pública; para ello deberán garantizar el acceso a la información pública y funcionamiento de espacios y mecanismos de consulta, concertación, control, evaluación y rendición de cuentas.
Finalmente, la institución recordó que el objeto de la intervención defensorial tiene como propósito promover acciones para fortalecer la participación y vigilancia ciudadana en el uso de los recursos públicos, teniendo en cuenta que la Constitución Política del Perú garantiza el derecho de participar en forma Individual y asociada en la vida política, económica, social y cultural de la Nación.