Señalan que estaría operando una red de corrupción
Un nuevo escándalo sacude a la Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Tumbes tras la denuncia presentada ante la Contraloría General de la República, que apunta a una presunta organización criminal enquistada en la institución, dedicada a la sobrevalorización de medicamentos e insumos esenciales para la población.
Según la grave acusación presentada por José Ángel García Lama, altos funcionarios de la DIRESA, incluyendo a Gladys Zoraida Urcia de Agurto (Directora Ejecutiva de Medicamentos, Insumos y Drogas – DEMIN), Wilson Genaro Barreto Silva (Jefe del Órgano Encargado de las Contrataciones) y Victoria Castillo Valdiviezo (Directora Regional de Salud), habrían inflado los costos de adquisición en más del 200% con el fin de desviar fondos públicos en los años 2023 y 2024.
Mientras cientos de tumbesinos sufren la escasez de medicamentos en los centros de salud y hospitales, la denuncia indica que esta presunta mafia estaría utilizando sus cargos para favorecerse con adquisiciones irregulares, manipulando los términos de referencia y direccionando contratos a proveedores de confianza. Esta negligencia ha contribuido al desabastecimiento de medicinas cruciales en la lucha contra enfermedades como el dengue y el COVID-19.
La situación es aún más escandalosa cuando se revela que Gladys Zoraida Urcia de Agurto ocupa múltiples cargos simultáneamente: además de ser directora de DEMIN, también es decana del Colegio Químico Farmacéutico de Tumbes y Directora de Fiscalización de la Dirección de Medicamentos, lo que la coloca en una posición privilegiada para encubrir cualquier irregularidad.
Pese a la evidencia presentada, el gobernador regional de Tumbes no ha tomado ninguna acción contra estos funcionarios, permitiendo que sigan manejando millonarios presupuestos sin rendición de cuentas.
La denuncia también pone en la mira a la Comisión de Salud del Consejo Regional, cuyos miembros podrían estar involucrados en esta presunta red de corrupción. De confirmarse estos hechos, estaríamos ante un completo saqueo del presupuesto de salud, mientras la población sigue padeciendo la falta de atención médica adecuada.
El denunciante ha solicitado a la Contraloría una auditoría inmediata de todas las compras de medicamentos e insumos, además de una investigación a los funcionarios responsables. Asimismo, se ha pedido la intervención de la Fiscalía para determinar las responsabilidades penales por delitos como colusión, tráfico de influencias, cohecho y enriquecimiento ilícito.
Este caso se suma a la larga lista de escándalos de presunta corrupción que han sumido a la región en una crisis sanitaria.