La Defensoría del Pueblo dio a conocer los resultados de las supervisiones llevadas a cabo el último trimestre de 2019 y junio del 2020 mediante el informe “Situación de las personas con discapacidad y el ejercicio de sus derechos en Tumbes”, para lo cual recomiendan a distintos sectores para disminuir las brechas que existen en el ejercicio de los derechos de estas personas.
Cabe mencionar que, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), al 2017, vivían en Tumbes 21 513 personas con discapacidad, de las cuales, el 26,9 % eran personas adultas mayores, siendo así, doblemente vulnerables. Sin embargo, durante la emergencia sanitaria a causa del COVID-19, la condición de discapacidad no habría sido un criterio de prioridad en la entrega de las Canastas Básicas Familiares por parte de algunos gobiernos locales a las personas vulnerables.
En el aspecto de salud, el Ministerio de Salud (Minsa) estima que de una población total de 183 252 personas en la región, 54 012 presentan problemas de salud mental, pero la cobertura de atención en este aspecto es de solo 21,8 %.
En lo que concierne a educación, se tiene que el 77 % de personas con discapacidad en edad escolar en Tumbes se encuentran fuera del sistema educativo. Respecto al acceso al empleo, el 65 % de la población con discapacidad en edad de trabajar en la región es parte de la Población Económicamente Inactiva, esto es, que no trabaja y no busca trabajo.
Recientemente, la oficina defensorial instó al Gobierno Regional a diseñar e implementar políticas bajo el enfoque de discapacidad en lo referido, especialmente, a salud, educación y empleo. Estas demandas se realizaron tras advertir que esta región tiene una de las prevalencias anuales más altas de personas con algún trastorno mental en zonas urbanas, con un 23,8 %.