El gobierno regional de Tumbes deberá diseñar e implementar políticas bajo el enfoque de discapacidad en lo referido especialmente a la salud, educación y empleo, tras la solicitud de la Defensoría del Pueblo.
El ente informó que esto es necesario, sobre todo, por la crisis sanitaria provocada por el covid-19, la cual ha acentuado la situación de vulnerabilidad de esta población. Además, solicitó al Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) monitorear el desarrollo de los planes bajo el modelo social y de derechos, a favor de esta población.
Cabe indicar que, en la región de Tumbes, hasta el año 2017 había 21 513 personas con discapacidad según el Censo Nacional de ese año. El 46,5 % estaba conformada por población adulta, entre 30 y 64 años de edad. Del total de personas con discapacidad en Tumbes, un 57,13 % eran mayoritariamente mujeres. Además, de acuerdo a la base de datos del Ministerio de Salud, a noviembre de 2019 solo el 16,86 % del total de esta población censada contaba con certificado de discapacidad.
En lo que concierne a salud, de acuerdo al referido Censo Nacional, 2993 personas con discapacidad no tenían seguro de salud. Ello, pese a que, según el Plan Nacional de Fortalecimiento de Servicios de Salud Mental Comunitaria 2018-2021, la región Tumbes tiene una de las prevalencias anuales más altas de personas con algún trastorno mental en las zonas urbanas, con un 23,8 %.
En relación con el acceso a la educación, de acuerdo a la información obtenida en el Censo Nacional 2017, contrastados con los resultados del al Censo Escolar 2018 del Ministerio de Educación, solo 1331 estudiantes con discapacidad de 0 a 29 años están incluidos en el sistema educativo, lo cual no representa ni la cuarta parte de la población con discapacidad en edad escolar (23 %). En este sentido, el 77 % de personas con discapacidad en edad escolar en Tumbes, se encuentran fuera del sistema educativo.
Finalmente, del total de la población con discapacidad en la región Tumbes, 17 979 se encuentran dentro de la población en edad de trabajar (PET), es decir con una edad igual o superior a los 14 años. De ese total, 6275 personas con discapacidad (34,9 %) conforman la población económicamente activa (PEA); mientras que un elevado número de 11 704 personas con discapacidad son consideradas como NO PEA (65,1 %).
Una de las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad en el acceso al trabajo es la denegación de ajustes razonables, lo que ha ocasionado descuentos indebidos. Asimismo, se pudieron detectar diversos casos en los que los contratos de las personas con discapacidad, bajo la modalidad de contratos por administración de servicios o locadores, dejan de renovarse inmotivadamente.