La Contraloría General detectó presuntas irregularidades en el procedimiento de selección y suscripción del contrato por 61 millones de soles para la obra de defensa ribereña de la margen izquierda del río Zarumilla, a cargo del Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes (PEBPT). Además, identificó responsabilidad penal y/o administrativa en cuatro funcionarios de la entidad.
Según el Informe de Servicio de Control Específico N° 9974-2020-CG/GRTB-SCE, emitido por la Contraloría, el PEBPT otorgó indebidamente la buena pro pues el consorcio ganador no acreditó la experiencia requerida. La obra requiere una inversión de S/60 987 075.69
Del mismo modo, la entidad admitió y validó la experiencia del residente, que contaba con un año y cuatro meses de los seis años requeridos, y del asistente de obra, que tenía 11 meses de los tres años que se especificaban en las bases. Es decir, el personal clave propuesto por el contratista no cumplía con los requisitos mínimos.
La comisión auditora también evidenció que, después de otorgada la buena pro al consorcio ganador, la entidad validó una garantía de fiel cumplimiento que no reunía los requisitos establecidos en la normativa de contrataciones del Estado, debido a que las cartas fianzas fueron emitidas por una cooperativa que no acreditó ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) el nivel de riesgo requerido.
Esto ya había sido advertido por la Contraloría en el pasado mes de enero a través de un informe de control concurrente; sin embargo, la entidad otorgó un plazo de ocho días hábiles al contratista para el reemplazo de la garantía, lo que no tiene sustento legal y se encuentra al margen de la normativa de contrataciones y lo establecido en el contrato.
Por estos hechos, se identificaron responsabilidades penales y administrativas en el presidente y los dos miembros del comité de selección del concurso público, y responsabilidad administrativa en el exdirector de la Oficina de Administración del PEBPT.
El informe fue comunicado al titular de la entidad y a la Procuraduría de la Contraloría para dar inicio a las acciones administrativas y legales contra los funcionarios comprendidos en estos hechos.