Falta de transparencia en registro contractual, productos alimentarios en malas condiciones y deficiencias en la indumentaria del personal manipulador de alimentos
La Contraloría General de la República del Perú, a través de su Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar, emitió el Informe de Hito de Control N° 038-2025-OCI/0474-SCC que revela diversas situaciones adversas en la gestión administrativa y el almacenamiento de productos destinados al Programa de Complementación Alimentaria (PCA) y al Programa de Alimentación y Nutrición para el Paciente con Tuberculosis y Familia (PANTBC) durante el periodo 2025.
Este informe, producto de un control concurrente realizado del 18 al 22 de agosto de 2025, detecta tres principales observaciones que ponen en riesgo la continuidad y efectividad de estos programas sociales que tienen como objetivo fortalecer la seguridad alimentaria de miles de beneficiarios en la provincia.
Falta de transparencia en registro contractual. El primer problema señalado por la Contraloría es la omisión por parte de la Municipalidad Provincial de registrar la adenda del Contrato de Bienes N° 004-2025-MPCVZ-GM en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE). Esta herramienta digital es clave para garantizar la publicidad y seguimiento de la utilización de recursos públicos.
De acuerdo con la ley vigente y las directivas de la OSCE (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado), las entidades contratantes deben registrar en este sistema todos los documentos vinculados a los procesos contractuales, incluyendo modificaciones o adendas, dentro de los diez días hábiles siguientes a su aprobación.
La comisión de control encontró que, aunque el contrato principal fue registrado, la adenda que modifica algunas cláusulas no fue publicada en tiempo ni forma, limitando con ello la transparencia y el control ciudadano sobre el uso del presupuesto asignado para la adquisición de alimentos del PCA.
El gerente municipal y los responsables de la Sub Gerencia de Abastecimiento justificaron esta anomalía argumentando que quien asumió el cargo el 8 de agosto de 2025 aún no tenía acceso al sistema SEACE, situación que no exime el incumplimiento normativo.
Productos alimentarios en malas condiciones. Durante la inspección en el almacén de la Municipalidad, la comisión de control detectó que seis latas de Grated de Jurel en aceite vegetal de 425 gramos presentaban golpes y abolladuras evidentes, al igual que una lata de leche evaporada de 410 gramos destinada al PANTBC. Las condiciones de estos envases pueden comprometer la inocuidad del producto, constituyendo un riesgo potencial para la salud de los beneficiarios.
Diversas normativas nacionales e internacionales, incluyendo la Ley de Inocuidad de los Alimentos (Decreto Legislativo N° 1062), el Reglamento de vigilancia sanitaria y las resoluciones emitidas por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), establecen que los alimentos y sus envases deben conservarse en condiciones que garantizan su seguridad y calidad hasta el consumo final.
El daño en los envases puede generar infiltración de contaminantes, oxidación y proliferación microbiana, lo que puede derivar en trastornos de salud para los usuarios finales.
El contrato vigente incluye cláusulas respecto a la recepción y conformidad de los alimentos, con plazos definidos para la subsanación de observaciones por parte del proveedor; no obstante, esta situación evidencia deficiencias en el control de calidad y recepción de productos por parte de la entidad.
Deficiencias en la indumentaria del personal manipulador de alimentos. La tercera observación se refiere a la falta de indumentaria completa del personal encargado de la manipulación y distribución de alimentos en varios comedores populares supervisados en los distritos de Zorritos y Canoas de Punta Sal.
Durante las visitas a los comedores “Señor de los Milagros – Barrio Las Delicias”, “Virgen Milagrosa”, “Nuestra Señora de Lourdes” y “Micaela Bastidas”, la comisión constató que las encargadas no usaban mascarillas, gorros, mandiles ni calzado cerrado, incumpliendo las Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos (BPM), la Ley de Inocuidad de los Alimentos y las normas sanitarias vigentes.
Esta situación representa un alto riesgo de contaminación cruzada y pone en peligro la salud de los usuarios beneficiarios de los programas alimentarios.
El programa alimentario integra un componente fundamental para la seguridad alimentaria en la provincia de Contralmirante Villar, con cerca de 1,971 beneficiarios distribuidos en 51 centros de atención, incluyendo modalidades de comedores populares y apoyo específico a pacientes con tuberculosis y sus familias.
El presupuesto asignado para la atención del PCA en 2025 supera los 900,000 soles, de los cuales se ha comprometido certificación para casi la totalidad, pero con un giro efectivamente ejecutado de aproximadamente 211,000 soles a la fecha de la auditoría.