Solo una empresa vinculada a los hermanos Idrogo presentó oferta válida en proceso cuestionado por falta de competencia y transparencia
En el distrito de Casitas, provincia de Contralmirante Villar, la licitación para la construcción del canal de regadío “Mejoramiento y ampliación del servicio de provisión de agua para riego en el canal principal del centro poblado de Averías” ha desatado críticas por las condiciones restrictivas establecidas en las bases del concurso. Valorizado en S/ 3,651,358.29, el proceso convocado por el Gobierno Regional de Tumbes terminó adjudicándose a un único postor, el Consorcio Canal Averías, integrado por ICSA Constructores S.R.L. e Ingeniería Proyectos y Construcciones Idrogo E.I.R.L.
La controversia se centra en la exigencia inusual de que el profesional residente de obra posea un grado académico de doctor en Ciencias e Ingeniería, requisito que redujo drásticamente la participación y habría favorecido a una sola empresa, vinculada a los hermanos Idrogo, quienes ya acumulan diversas adjudicaciones millonarias en obras regionales durante la gestión del gobernador Segismundo Cruces Ordinola.
El 5 de septiembre se realizó el acto de apertura electrónica y evaluación del proceso, con un comité de selección conformado por el Ing. Jorge Antonio Solís Castro (presidente), el Ing. Marco Antonio Saldarriaga Mendoza y la Bach. Sisy Dennsy Talledo Chira. Aunque once empresas se inscribieron inicialmente, al cierre solo el Consorcio Canal Averías presentó una oferta válida, obteniendo la buena pro con la máxima puntuación de 100 puntos.
Este patrón de adjudicaciones favoreciendo a las empresas de los hermanos Idrogo se ha repetido en contratos bajo modalidad de emergencia este año, como los trabajos de recuperación hidráulica y mantenimiento en canales de la provincia de Tumbes.
Especialistas y críticos recuerdan que en el Perú el grado de doctorado está orientado principalmente a la investigación y docencia universitaria, con muy poca relación directa con la ejecución de obras civiles, lo que pone en duda la justificación técnica de dicha exigencia. El Gobierno Regional de Tumbes aún no ha clarificado las razones técnicas para imponer este requisito, ni por qué el proceso que despertó interés inicial de once participantes terminó con un único postor.