Graves irregularidades detectadas por la Contraloría comprometen la transparencia y la legalidad en la contratación pública
La congresista Magally Santisteban Suclupe ha solicitado al defensor del pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, tomar medidas inmediatas tras los serios indicios de corrupción detectados en la Defensoría del Pueblo de Tumbes, los que fueron publicados en una noticia difundida por Diario Hechicera. Los informes de la Contraloría General de la República, a través de su Oficina de Control Institucional (OCI), señalan presuntas faltas administrativas y penales que afectan el correcto funcionamiento de la administración pública y la confianza ciudadana en esta entidad.
Entre las irregularidades denunciadas, se destaca que los términos de referencia para la contratación de servicios de acondicionamiento fueron elaborados basándose en información proporcionada por un tercero, omitiendo los requisitos mínimos de cumplimiento. Además, se identificó el fraccionamiento ilegal de la contratación, una práctica que busca evitar procesos de selección más estrictos.
Otro hecho alarmante fue la autorización para que uno de los postores reformulara su oferta, decisión que desestimó arbitrariamente la participación de otro. Asimismo, se permitió la contratación sin observar que el tercero que proporcionó la información inicial formaba parte del personal de la contratista, quien además coordinó la ejecución de los servicios contratados.
Por último, los funcionarios responsables otorgaron la conformidad de los servicios contratados sin advertir incumplimientos en las condiciones contractuales, violando principios fundamentales como la legalidad, la imparcialidad, la igualdad de trato y la libertad en la contratación pública.
La congresista Santisteban Suclupe enfatizó que la Defensoría del Pueblo, como garante de los derechos ciudadanos, no puede verse envuelta en estos lamentables hechos de presunta corrupción que afectan la confianza pública y los recursos del Estado. Por ello, exhortó a que se tomen acciones contundentes para sancionar a los responsables y evitar que estas prácticas continúen comprometiendo la transparencia institucional.