La bancada fujimorista ha tomado la decisión de expulsar a la congresista María Cordero Jon Tay por los presuntos cobros que habría realizado a uno de sus trabajadores. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales admitió la denuncia constitucional contra la parlamentaria por una presunta infracción a la Carta Magna y el delito de concusión.
La denuncia fue presentada ante el grupo de trabajo por la parlamentaria fujimorista, Martha Moyano, quien solicitó que Cordero Jon Tay sea alejada permanentemente de la función pública, a través de la inhabilitación permanente.
Dos días después de que la denuncia fuera admitida a trámite, la Comisión Permanente dio un plazo de 15 días a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que investigue y presente un informe sobre la misma.
Previamente, la legisladora María Cordero Jon Tay había presentado su renuncia a Fuerza Popular; sin embargo, el partido decidió rechazar su decisión y señalaron que se continuaría con su proceso de expulsión.
En un reportaje periodístico, difundido por Punto Final, un extrabajador del despacho de la parlamentaria María Cordero Jon Tay reveló que tenía un acuerdo para entregar la mitad de sus ingresos durante seis meses, luego de lo cual ya no se aplicaría el recorte. Sin embargo, culminado el plazo, le exigieron que entregue el 75 % de su salario mensual.
Además, contó que, durante la semana de representación, los trabajadores cubrían los gastos de hospedaje y alimentación de la parlamentaria.
Ante esta denuncia, la Fiscalía inició el pasado 14 de abril una investigación preliminar contra María Cordero Jon Tay por ser presunta autora del delito de concusión. Asimismo, la Procuraduría General del Estado denunció ante la Fiscalía de la Nación a la legisladora por el presunto delito de cohecho pasivo impropio y alternativamente por el cargo de concusión en agravio del Estado.
La Fiscalía está tras los pasos de las congresistas María Cordero (Fuerza Popular) y Heidy Juárez (Podemos) por haber recortado -irregularmente- el sueldo a sus propios trabajadores del Parlamento.
En un comunicado se indicó el inició de una investigación preliminar a la congresista tumbesina por estas actividades ilícitas. Se le imputó ser autora del delito de concusión por supuestos cobros irregulares que se habrían realizado al personal de confianza.
En el texto comunicado, además, que dicha pesquisa también apareció a Braden Alexander Paredes Calla, el técnico de archivos del Congreso de la República, como presunto cómplice de la legisladora.
Por su parte, la bancada fujimorista ha manifestado su repudio ante los actos cometidos por Cordero Jon Tay y ha asegurado que no tolerará ningún tipo de corrupción en su grupo parlamentario.
El excongresista Héctor Becerril, miembro de Fuerza Popular, declaró a la prensa que la expulsión de la parlamentaria es una muestra del compromiso de la agrupación con la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de las instituciones del Estado.
Asimismo, Becerril señaló que la decisión de expulsar a Cordero Jon Tay se basó en los valores y principios que rigen al partido, como la transparencia y la probidad.
Por su parte, el excongresista Luis Galarreta, también miembro de Fuerza Popular, aseguró que la decisión del Plenario de expulsar a la parlamentaria demuestra la voluntad de la bancada de erradicar cualquier tipo de práctica ilícita.
Galarreta también destacó la importancia de que las denuncias de corrupción sean investigadas con rigurosidad y que los responsables sean sancionados de manera ejemplar.
La expulsión de María Cordero Jon Tay se suma a las recientes denuncias por recortes de sueldo a trabajadores parlamentarios que han involucrado a otros cuatro congresistas.
Estos casos de corrupción han generado indignación en la sociedad peruana y han llevado a la Fiscalía a abrir investigaciones preliminares contra las parlamentarias implicadas.
Ante esta situación, diversas organizaciones y colectivos ciudadanos han exigido una investigación exhaustiva y el castigo correspondiente a los responsables de estos actos de corrupción.
Asimismo, han señalado la necesidad de implementar medidas efectivas para prevenir y combatir la corrupción en el Congreso y en todas las instituciones del Estado.
En este sentido, el Ministerio Público ha reiterado su compromiso de investigar con rigor todas las denuncias de corrupción y de sancionar a los responsables de manera ejemplar.
Asimismo, ha llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier acto de corrupción que detecten en el ámbito público y ha destacado la importancia de la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción.
La expulsión de la parlamentaria se suma a las recientes denuncias de recortes de sueldo a trabajadores parlamentarios que han involucrado a otras cuatro congresistas, generando indignación en la sociedad peruana y llevando a la Fiscalía a abrir investigaciones preliminares contra las parlamentarias implicadas.
Ante esta situación, diversas organizaciones y colectivos ciudadanos han exigido una investigación exhaustiva y el castigo correspondiente a los responsables de estos actos de corrupción, así como la implementación de medidas efectivas para prevenir y combatir la corrupción en todas las instituciones del Estado.