Se les acusa del delito de cohecho pasivo propio
En un contundente fallo que expone los vicios de corrupción en las filas policiales, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Sullana, especializado en delitos de corrupción de funcionarios, dictó nueve meses de prisión preventiva contra los agentes Pablo Aldair Gonzales Serna y Marlo José Ortega Adrianzén. Ambos enfrentan graves acusaciones por el presunto delito de cohecho pasivo propio, relacionado con un acto flagrante de corrupción cometido en la región de Talara.
Según la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, el vergonzoso incidente ocurrió pasada la medianoche del 9 de noviembre, cuando los imputados habrían exigido al ciudadano Oliver Alonso Salgado Aranda un soborno de 200 soles para evitar trasladarlo a la comisaría de Los Órganos. Salgado Aranda conducía una camioneta sin SOAT vigente, licencia de conducir ni revisión técnica, lo que justificaba una intervención formal. Sin embargo, los agentes, presuntamente aprovechándose de la situación, buscaron un beneficio económico ilícito.
El magistrado Jorge Andrés Nole Sócola sustentó su decisión en sólidos elementos de convicción, incluidos audios y videos que documentan las exigencias de los policías, además de actas de intervención y declaraciones que refuerzan los cargos en su contra.
El delito de cohecho pasivo propio, tipificado en el artículo 395-A del Código Penal, establece una pena privativa de la libertad de entre seis y diez años, además de la inhabilitación del cargo. El juez destacó que la conducta de los agentes vulnera gravemente la confianza pública en las fuerzas del orden, quienes están llamadas a garantizar la justicia, no a lucrar de ella.
En contraste, el ciudadano Oliver Salgado, inicialmente investigado por presunto cohecho activo, logró acogerse a una terminación anticipada, evitando mayores implicancias legales.
Este caso no solo pone en jaque la reputación de la Policía Nacional del Perú en Piura, sino que también reaviva el debate sobre la corrupción enquistada en instituciones públicas. La decisión judicial, aunque provisional, es un recordatorio de que los actos ilícitos no quedan impunes y marca un precedente en la lucha contra la corrupción en el país.