La Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador aprobó este martes llevar a un juicio político de censura al presidente del país, el conservador Guillermo Lasso, acusado por la oposición de presunto peculado (malversación) en empresas públicas.
Con el voto de 88 legisladores, de 116 presentes, 23 en contra y 5 abstenciones, se aprobó la moción presentada por la legisladora Viviana Veloz, del movimiento Unión por la Esperanza (UNES), que lidera el expresidente progresista Rafael Correa (2007-17).
Con esa votación, el pleno de la Asamblea resolvió «enjuiciar políticamente al Presidente de la República» por la «infracción constitucional de peculado», admitida a trámite por la Corte Constitucional».
La resolución se alcanzó con el concurso de varios grupos políticos, sobre todo del opositor UNES, el Partido Social Cristiano (PSC) y el movimiento indígena Pachakutik, así como de independientes.
Según la acusación descrita en la resolución legislativa, «se evidencia el desvío o distracción de los fondos» generados por la empresa estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) con compañías privadas, como Amazonas Tanker, con las que tenía relación contractual para el transporte de crudo.
De acuerdo a Veloz, el presidente Lasso, junto a un delegado suyo, Hernán Luque, «definieron la continuación de los contratos de transporte de petróleo en favor de terceros, conscientes de que los mismos representaban una pérdida para el Estado».
Asimismo, asegura que Lasso «conocía y sabía de la estructura de corrupción en Flopec» y que incumplió su deber constitucional de impedir la supuesta trama de corrupción.
El artículo 2 de la resolución parlamentaria dispone que el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, «continúe de manera inmediata con la tramitación del proceso de juicio político» contra Lasso, para lo cual debe convocar en un plazo de cinco días a una sesión del pleno para interpelar al mandatario.
También dispone que se notifique al presidente Lasso «con la presente resolución» y que se le entregue «el expediente íntegro de este proceso».
La resolución de la mayoría legislativa se dio tras un polémico proceso de revisión de la propuesta de juicio político, que empezó con la admisión a trámite por el presunto delito de peculado, calificado por la Corte Constitucional, que sin embargo desecho en el trámite otras causas como concusión, cohecho y enriquecimiento ilícito.
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