Al haberse declarado el inicio de la tercera ola en nuestro país, la Defensoría del Pueblo exhortó al Poder Ejecutivo, gobiernos regionales y establecimientos de salud de todo el país a no descuidar la gestión y el manejo adecuado de los residuos peligrosos que se originan de la atención diaria a pacientes con COVID-19, como jeringas, hisopos y equipos de protección personal, entre otros elementos, a fin de evitar impactos negativos en el ambiente y en la salud de la población.
Además, se advirtió que la región de Tumbes no cuenta con sitios autorizados para la disposición final de residuos sólidos peligrosos provenientes de establecimientos de salud.
Del mismo modo, se instó a las direcciones o gerencias regionales de salud a disponer, a la brevedad posible, acciones de supervisión a fin de verificar la adecuada gestión y manejo de los residuos sólidos peligrosos de los establecimientos de salud.
En un recorrido por 198 establecimientos de salud a nivel nacional, dirigido por la Defensoría del Pueblo en diciembre de 2020, se pudo advertir que en el 54 % de los establecimientos supervisados no se desarrollaba el tratamiento de los residuos biocontaminados, pese a que este proceso permite reducir o eliminar el peligro potencial de causar daños a la salud y al ambiente. Como parte de las acciones de seguimiento, en 2021 se pudo detectar que, al menos, un 47 % de dichos establecimientos continuaba sin llevar a cabo este procedimiento.
Otro aspecto preocupante consistió en que los residuos peligrosos generados en el 27 % de los establecimientos supervisados al 2020, venían siendo dispuestos de manera inadecuada, generando con ello graves riesgos sanitarios y ambientales. En el 2021, si bien dicho porcentaje disminuyó, en al menos el 20 % de los establecimientos supervisados los residuos peligrosos eran dispuestos de manera inadecuada.