A pesar de las iniciativas para erradicar las conexiones clandestinas que tanto daño hacen a la prestación de los usuarios formales, hasta la fecha se logró identificar e intervenir a más de 125 conexiones no autorizadas de agua potable y 51 conexiones de alcantarillado en todo el ámbito de administración de la UE.
Las diligencias se efectúan a través de la gerencia comercial de Agua Tumbes, con apoyo de la PNP, asesoría legal y personal de gran pericia en detección de conexiones clandestinas.
Hacer uso de la prestación sin autorización de la institución, es un acto ilícito que puede conllevar una pena privativa de la libertad de hasta 3 años, es por ello que la entidad insta a finalizar con esta mala práctica que afecta la presión y continuidad del buen servicio con el que deben contar los usuarios formales.
Actualmente, se está desarrollando un programa para formalizar las conexiones ilegales de agua o alcantarillado en las provincias de Tumbes, Contralmirante Villar y Zarumilla, que va hasta el 30 de diciembre y cuenta con grandes facilidades de pago entre otros. Solo deben acercarse a cualquiera de las oficinas de atención al cliente y solicitar los requisitos.
ROBAR AGUA POTABLE ES DELITO. El robo de agua potable es un delito contra el patrimonio que está tipificado en nuestro Código Penal, considerando como hurto simple y agravado. El primero, establecido en el artículo 185°, que literalmente dice: “El que, para obtener provecho, se apodera ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años. Se equiparán a bien mueble la energía eléctrica, el gas, el agua y cualquier otra energía o elemento que tenga valor económico.
Asimismo, el delito de hurto agravado, establecido en el artículo 186°inc. 10 que señala: “El agente será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años si el hurto es cometido: (…) inc.10.- Sobre bienes que forman parte de la infraestructura o instalaciones de transportes de uso público, de sus equipos o elementos de seguridad, o de prestación de servicios públicos de saneamiento, electricidad, gas o telecomunicaciones. (…)”
En ese sentido, recalcamos que el uso ilegal y clandestino del sistema debe ser denunciado ante la UE, ya que afecta el buen servicio con el que deben contar los usuarios. Además, esta mala práctica genera grandes pérdidas económicas a la entidad.