Carlos Javier Álvarez Rodríguez figura como afiliado activo en el Partido Centro Unidos – Unidad Nacional Independiente Dignidad Orden y Solidaridad
Un escándalo de gran magnitud sacude los cimientos del Ministerio Público en la región de Tumbes. El actual presidente de la Junta de Fiscales Superiores de esta jurisdicción, Carlos Javier Álvarez Rodríguez, ha sido oficialmente excluido del riguroso concurso público para el nombramiento de Fiscal Supremo. La drástica decisión fue tomada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) durante su sesión plenaria del 18 de junio de 2025, invocando el artículo 13° del Reglamento de Concursos para la Selección y Nombramiento de Jueces y Fiscales, una medida que subraya la gravedad de las infracciones detectadas.
La razón de esta exclusión es rotunda e innegable: Álvarez Rodríguez figura como afiliado activo a una organización política. Esta situación no solo contraviene, sino que vulnera frontalmente los principios de neutralidad e independencia que son pilares fundamentales para cualquier aspirante al más alto cargo en la jerarquía del Ministerio Público.
Los registros oficiales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) pintan un cuadro preocupante: el cuestionado magistrado presenta un historial de afiliación a diversas organizaciones políticas, lo que pone en entredicho su imparcialidad y compromiso con la justicia.
Entre las agrupaciones a las que Álvarez Rodríguez ha estado vinculado se encuentran el Partido Centro Unidos – Unidad Nacional Independiente Dignidad Orden y Solidaridad, actualmente en proceso de inscripción, así como el haber formado parte de movimientos políticos de ámbito regional y local de notoria controversia, como Renovación Tumbesina y Reconstrucción con Obras Más Obras para un Tumbes Bello. Estas últimas, cabe recordar, están estrechamente asociadas a los cuestionados exalcaldes de Tumbes, Ricardo Flores Dioses y Jimy Silva, figuras cuyas gestiones han sido objeto de severos escrutinios públicos y denuncias.
La revelación de estos vínculos partidarios ha generado una profunda indignación y preocupación entre los miembros de la sociedad civil, así como entre los especialistas en materia de justicia. Las voces críticas se alzan para cuestionar seriamente la imparcialidad y el respeto a los principios éticos por parte de quien ostenta la dirección de la Junta de Fiscales en Tumbes, una posición que demanda una integridad intachable y una total desvinculación de intereses políticos.
“Es absolutamente inaceptable que un alto funcionario del Ministerio Público, cuya función es garantizar la justicia y la legalidad, pretenda escalar en el sistema judicial mientras mantiene lazos partidarios tan explícitos,” manifestó un abogado consultado por este medio, reflejando el sentir generalizado de la comunidad jurídica.
Este episodio no solo es un duro golpe a la credibilidad del Ministerio Público en Tumbes, sino que reaviva con urgencia el debate sobre la imperiosa necesidad de reforzar y blindar los mecanismos de control en los procesos de selección y nombramiento de jueces y fiscales.
La garantía de una real y efectiva independencia de los magistrados frente a cualquier tipo de influencia política, sea esta abierta o velada, es crucial para la salud de nuestro sistema de justicia y para la confianza ciudadana en sus instituciones. La transparencia y la ética no pueden ser meras palabras en un reglamento, sino principios inquebrantables que guíen cada paso de la carrera judicial.