Contraloría detectó que se benefició a personal que no cumplía requisitos establecidos por decretos supremos y de urgencia
La Contraloría General de la República ha puesto en evidencia una serie de pagos irregulares de bonos excepcionales en la Dirección Regional de Educación Tumbes (DRET) durante los años 2022 y 2023, lo que ha generado un perjuicio económico al Estado superior a los S/ 8 mil. Los hallazgos, detallados en los informes de acción de oficio posterior n.º 015-2025-OCI/0747-AOP y n.º 017-2025-OCI/0747-AOP, revelan que la entidad benefició a personal que no cumplía con los requisitos legales establecidos para acceder a estos incentivos económicos.
Bonos entregados sin cumplir requisitos legales. Durante el año 2022, la DRET recibió transferencias presupuestales del Ministerio de Economía y Finanzas para otorgar bonos excepcionales de S/ 550 y S/ 200 a servidores públicos bajo los regímenes de los Decretos Legislativos 276, 728, 1057 y diversas leyes sectoriales. Sin embargo, la Contraloría identificó que cinco trabajadores recibieron el bono de S/ 550 sin contar con vínculo laboral vigente ni registro en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP), requisito indispensable según la Ley de Presupuesto y el Decreto Supremo N° 307-2022-EF12.
Asimismo, tres servidores del régimen CAS (DL 1057) también percibieron el bono sin tener relación laboral en el periodo correspondiente. A fines de 2022, la entidad otorgó otro bono excepcional de S/ 200 a cinco personas que tampoco mantenían vínculo laboral al momento de la publicación del decreto de urgencia que lo autorizaba. Estas acciones irregulares ocasionaron un perjuicio económico de S/ 4,545.28 en 2022.
Irregularidades continuaron en 2023. La situación no mejoró en el siguiente año. En 2023, mediante decreto supremo, se aprobó un bono de S/ 600 para servidores públicos, estableciéndose como requisitos no tener cargo de confianza, dirección o capacidad de decisión institucional, además de mantener vínculo laboral vigente. Pese a ello, la DRET pagó el bono a tres trabajadores sin vínculo laboral y a cuatro que ostentaban cargos de confianza o dirección, lo que contravino la normativa y generó un perjuicio adicional de S/ 3,650.
Por otro lado, en marzo de 2023 se otorgó un bono de S/ 1,250 a docentes de institutos superiores de la región, quedando un saldo presupuestal de S/ 15 mil, de los cuales más de S/ 11 mil se utilizaron para otros conceptos distintos a los autorizados. De igual modo, en diciembre de 2023, tras otorgar un bono de S/ 600, quedó un saldo de S/ 7,890 que también fue empleado en fines ajenos a los estipulados, en abierta contravención a lo dispuesto por los decretos correspondientes.
Detalles de los hallazgos y responsabilidades. El informe de la Contraloría detalla que los pagos indebidos fueron posibles debido a deficiencias en los controles internos de la DRET, falta de verificación de los requisitos y ausencia de mecanismos efectivos para validar la información de los beneficiarios. La entidad no solo incumplió la normativa, sino que además utilizó saldos presupuestales de los bonos para otros fines, lo que está expresamente prohibido por ley.
La Contraloría ha comunicado estos hechos al titular de la Dirección Regional de Educación Tumbes, recomendando la adopción de medidas correctivas y la determinación de responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que correspondan. Los informes completos han sido publicados en el portal institucional de la Contraloría, en aras de la transparencia y el acceso a la información pública.
Reacciones y contexto regional. Estos hallazgos generan preocupación en la comunidad educativa y en la ciudadanía tumbesina, especialmente en un contexto donde los recursos públicos son escasos y la demanda por una gestión eficiente y transparente es cada vez mayor. La DRET, como ente encargado de la administración educativa regional, enfrenta ahora el reto de corregir estas deficiencias y garantizar que los beneficios lleguen únicamente a quienes cumplen los requisitos legales.
La Contraloría ha reiterado la importancia de fortalecer los controles internos y la capacitación del personal encargado de la gestión de planillas y pagos, para evitar que se repitan situaciones similares en el futuro. Asimismo, ha instado a las autoridades regionales y nacionales a supervisar de manera más rigurosa la ejecución de los recursos asignados al sector educación.