CUESTIONADA EMPRESA BOYER YA NO PUEDE CONTRATAR CON EL ESTADO
El Tribunal de Contrataciones del Estado ha decidido inhabilitar a las empresas que conforman el Consorcio Fénix –GEOVIAL SAC, INHISA HIDRÁULICA S.A. SUCURSAL PERÚ y GRUPO INVERSIONISTA BOYER S.R.L.– tras confirmar graves irregularidades en la contratación para la rehabilitación del canal La Peña, un proyecto valorizado en más de S/ 25 millones en Tumbes.
La investigación reveló que el consorcio presentó documentos con información inexacta tanto durante la suscripción del contrato como en la etapa de ejecución. Entre las irregularidades más alarmantes destacan certificaciones laborales adulteradas, contratos falsos y cartas fianzas que no cumplían con los montos estipulados, lo que configura una violación al artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.
Un contrato marcado por irregularidades. El caso se remonta al 25 de marzo de 2024, cuando el Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes adjudicó la buena pro al Consorcio Fénix para ejecutar la rehabilitación del canal. Sin embargo, meses después, la entidad denunció que el consorcio presentó una carta fianza de fiel cumplimiento emitida por BANBIF por un monto inferior al exigido (S/ 1,026,237.48 en lugar del 10% del contrato: S/ 2,562,582.08). Posteriormente, se descubrió que otras certificaciones laborales entregadas también contenían información falsa o adulterada.
Un ejemplo clave es el certificado laboral presentado por el ingeniero Francisco Martín Mendoza Saldarriaga, que supuestamente acreditaba experiencia en supervisión de obras electromecánicas. Dicho documento fue emitido por una empresa que había cesado sus actividades años antes, según los registros tributarios.
Además, se cuestionaron los certificados laborales del especialista ambiental Erick Coba Urcia, en los que las fechas y funciones estaban alteradas, generando dudas sobre su autenticidad.
Sanciones drásticas. Ante la gravedad de los hechos, el Tribunal resolvió inhabilitar a las tres empresas integrantes del consorcio para contratar con el Estado. Esta decisión busca enviar un mensaje claro contra la corrupción y las prácticas fraudulentas en la contratación pública.
La resolución señala que, sin la documentación adulterada, el Consorcio Fénix no habría cumplido con los requisitos para adjudicarse la obra, lo que pone en evidencia un posible patrón de colusión entre los contratistas y funcionarios del Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes.
Investigaciones penales en curso. Paralelamente, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Tumbes ha iniciado investigaciones contra los representantes legales del consorcio y posibles funcionarios involucrados. Se les acusa de delitos contra la administración pública en perjuicio del Estado.
La nulidad del contrato fue declarada en mayo de 2024, y el caso ha derivado en procesos arbitrales en los que ambas partes intentan deslindar responsabilidades. Sin embargo, la evidencia presentada por el Tribunal, incluida la confirmación de las irregularidades por parte de BANBIF y otras entidades, deja poco margen de defensa para los involucrados.
Este caso pone nuevamente bajo la lupa la transparencia en los procesos de contratación estatal. Las sanciones contra el Consorcio Fénix evidencian fallas graves en los controles de supervisión y verificación de la documentación presentada por los postores.
La inhabilitación de estas empresas es una medida ejemplar, pero también plantea la necesidad de reformas urgentes en el sistema de contrataciones públicas para evitar que proyectos cruciales, como la rehabilitación del canal La Peña, se vean afectados por escándalos de corrupción que perjudican a la población.
Cabe resaltar que estas situaciones ilegales se llevaron a cabo durante la permanencia del exdirector del PEBPT, Manuel Gonzaga Cobeñas, quien fue denunciado por presuntos delitos de corrupción para entregar “a dedo” la obra de Bocatoma La Peña por más de 25 millones de soles.