JOSÉ CRUZ MARTÍNEZ, GIANINA BACA MORÁN, LUIS MENDOZA COSTA Y PEDRO NAMAY CASTILLO PODRÍAN SER SANCIONADOS POR CONTRALORÍA Y DENUNCIADOS PENALMENTE
La Contraloría realizó un exhaustivo informe de control específico con respecto a la contratación de locadores de servicios impedidos para contratar y casos de nepotismo en la Universidad Nacional de Tumbes, el cual ha revelado una serie de irregularidades que han generado una gran preocupación entre la comunidad académica y la sociedad en general.
El informe de la Contraloría se centró en la revisión de la documentación e información proporcionada por la Universidad Nacional de Tumbes con respecto a la contratación de personas naturales bajo la modalidad de locación de servicios durante los periodos comprendidos entre 2020 y 2022. Durante este proceso de análisis, se han evidenciado diversas situaciones que atentan contra los principios de transparencia, legalidad y meritocracia que deben regir en la administración pública.
En primer lugar, se ha constatado que cuatro personas naturales presentaron su cotización y declaraciones juradas, en las cuales afirmaban no tener ningún impedimento para contratar con el Estado ni tener vínculos de parentesco con funcionarios o servidores de la universidad. Sin embargo, tras una exhaustiva investigación, se ha determinado que estas declaraciones eran falsas, lo cual constituye un grave incumplimiento y una falta de ética por parte de los involucrados.
La Contraloría ha identificado que la universidad ha contratado a locadores de servicios que se encontraban impedidos de contratar con el Estado y con la propia entidad, además de incurrir en casos de nepotismo. Estas acciones contravienen los procedimientos establecidos en la Directiva n.º 001-2018-UNTUMBES «Normas de procedimientos para la contratación de bienes, servicios y consultorías por montos iguales o menores a 8 (ocho) Unidades Impositivas Tributarias (UIT)», así como lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley n.º 30255, Ley de Contrataciones del Estado.
Entre las situaciones irregulares encontradas, se destaca el caso del señor Luis Alberto Puño Rojas, quien fue contratado bajo la modalidad de servicios de terceros para desempeñar labores administrativas en el Centro de Idiomas de la universidad y como docente en la Facultad de Ciencias Sociales. A pesar de estar impedido de contratar con el Estado debido a su parentesco con el ex congresista Napoleón Puño Lecarnaqué, quien también es docente nombrado en la entidad, su contratación se llevó a cabo sin ninguna observación, lo que evidencia una clara negligencia por parte de la universidad.
Asimismo, se ha detectado un presunto caso de nepotismo en la contratación de Teresita Del Jesús Cruz Espinoza, quien tiene un vínculo de tercer grado de consanguinidad con el rector José de la Rosa Cruz Martínez, lo cual contraviene los principios de igualdad de oportunidades y meritocracia en los procesos de selección de personal.
En el caso de Edgar Agustín García Baca, se ha identificado un parentesco de segundo grado de afinidad con el jefe de abastecimiento, Gianina Fernández Baca Morán, lo que podría configurar otro caso de nepotismo en la contratación de personal en la universidad.
Además, se ha encontrado que Jimmy Brayn Carlos Namay Olivares, al tener un vínculo de primer grado de consanguinidad con Grover Pedro Namay Castillo, quien sería su padre, también tiene impedimento para contratar con la universidad. Esta situación evidencia una clara falta de cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente y pone en entredicho la integridad y la legalidad de los procesos de contratación en la entidad.
Ante estas irregularidades, la Contraloría ha determinado que Gianina Fernandez Baca Morán tiene responsabilidad penal y administrativa funcional sujeta a la potestad sancionadora del organismo. Asimismo, la universidad puede iniciarle un proceso administrativo por su presunta participación en estos actos irregulares.
El rector José de la Rosa Cruz Martínez también podría ser sancionado por la Contraloría debido a su presunta responsabilidad en estos casos de nepotismo y falta de control en los procesos de contratación de personal.
En conclusión, el informe de control específico realizado por la Contraloría evidencia una serie de irregularidades en la contratación de locadores de servicios y casos de nepotismo en la Universidad Nacional de Tumbes. Estas situaciones afectan la legalidad, transparencia y eficiencia en la administración pública, comprometiendo el buen uso de los recursos del Estado y socavando la confianza de la sociedad en las instituciones educativas. Es fundamental que se tomen las medidas necesarias para corregir estas irregularidades, fortalecer los controles internos y garantizar una gestión transparente y ética en la universidad. La Contraloría continuará supervisando y evaluando el cumplimiento de las normas y procedimientos en esta y otras entidades públicas, con el objetivo de prevenir y detectar irregularidades que puedan comprometer el correcto funcionamiento del Estado.