El Contralor General, Nelson Shack, afirmó que durante el proceso de control a la Reconstrucción con Cambios (RCC) se hallaron a 845 funcionarios, a nivel nacional y de los tres niveles de gobierno, con 1982 responsabilidades, de las cuales 715 son penales, 206 civil y 1061 administrativas.
Afirmó además que este proceso de la RCC ha fracasado debido, entre otras razones, a que en los últimos seis años no se han solucionado los problemas integrales en el manejo de las cuencas, por lo que planteó la creación de un Ministerio de Infraestructura para la ejecución de obras de manera célere, correcta y transparente.
En el caso específico de Tumbes, dentro del informe presentado en una nota de prensa de la institución se mencionan dos casos emblemáticos. El primero de ellos hace referencia al Incumplimiento de expediente técnico y trabajos fuera de plazo en rehabilitación de calles en la ciudad, un proyecto ejecutado por la Municipalidad Provincial; el cual consiste en la «Rehabilitación del servicio de la calle Benavides entre la intersección de la Av. Tumbes Norte y Av. Tacna.
En ese sentido, el supervisor de obra ratificó la culminación de partidas contractuales aún cuando el contratista se encontraba ejecutando trabajos correspondientes a tres partidas contractuales y fuera del plazo de ejecución. Además, se evidenció el incumplimiento de los procesos constructivos, establecidos en el expediente técnico.
En ese mismo orden de ideas, la Contraloría General de la República emitió un informe donde refiere que; «No garantizan continuidad de la creación de defensa ribereña del río Zarumilla».
Esta obra es ejecutada por el Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes (PEBPT), misma que hace alusión a la «Creación de Defensa Ribereña Margen Izquierda del Río Zarumilla – Tramo Comprendido entre Pueblo Nuevo y la Bocatoma La Palma – Papayal – Zarumilla, en el documento indica además que; «No adoptan acciones orientadas que garanticen la continuidad de los trabajos en obra de acuerdo al programa de ejecución, situación que genera el riesgo que no se ejecute el total de prestaciones en los plazos establecidos incrementando la vulnerabilidad de la población ante la ocurrencia de fenómenos climáticos. El Contratista no ejecutó el adicional de obra n.º 2 y podría afectar los plazos establecidos.
Shack Yalta aseveró, además, que la Entidad Fiscalizadora Superior ha cumplido desde el inicio su rol de acompañamiento a la labor desarrollada por los gestores públicos en las 13 regiones afectadas por el Fenómeno del Niño Costero a fin de garantizar el uso correcto de los recursos públicos, y que como resultado se concluyeron cerca de 6 mil servicios de control, correspondiendo 5625 al control simultáneo (95%) y 259 al control posterior (5%).
Sin embargo, expresó su preocupación que del total de servicios de control simultáneo en los que se advirtieron riesgos en la ejecución de los procesos y obras, en un 62% las autoridades no tomaron acciones correctivas (20% se encuentran sin acciones y 42% sin corregir) hasta la fecha.
Shack Yalta señaló que en el proceso de la RCC se han gastado millones de soles en consultorías y estudios para obras que no son visibles, ni efectivas debido a la mala gestión y la incapacidad de muchos funcionarios públicos en los tres niveles de gobierno para atender las demandas ciudadanas.
Finalmente, el contralor informó que ha enviado un oficio a la presidenta de la República, Dina Boluarte, para solicitarle que convoque a una sesión urgente del Consejo de Estado, a fin de coordinar las acciones que sean necesarias, desde las respectivas competencias, para atender las necesidades más urgentes de la población afectada con las lluvias e inundaciones.