El escándalo de la vacunación clandestina del expresidente Martín Vizcarra, las exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete, y otros altos funcionarios del Estado no queda ahí. En regiones, otras personas no empadronadas dentro de los grupos de la fase I –como alcaldes y sus allegados– también hicieron uso de sus privilegios para poder inocularse contra el COVID-19 antes de tiempo, faltando a la campaña de inmunización del gobierno y a los miles de ciudadanos que están en primera línea y situación vulnerable frente al virus.
Así lo advirtió el contralor de la República, Nelson Shack, quien consideró que actualmente existen dos problemas fundamentales en la campaña de vacunación, que son incluso más urgentes que la cadena de frío de las dosis.
“Hay problemas con el padrón y su aplicación adecuada, ¿por qué hay ese problema?, porque no hay vacunas. Se ha establecido un padrón que no se puede romper, romperlo implica cometer una irregularidad que debe ser sancionada por lo menos en la vía administrativa”, expresó a Perú21.
Hasta la fecha, la Contraloría General de la República ha publicado cerca de 350 servicios de control, detectando casos similares al de Loreto, donde –según el organismo– más de 30 personas se habrían vacunado de forma irregular entre dos alcaldes y trabajadores no empadronados. Lo mismo se halló en Tacna, Junín, Huancavelica y Arequipa.
“Hay que ser conscientes del valor que tiene la vacuna, no se puede vacunar a quien se les dé la gana”, aseveró Shack.
Agregó que “lamentablemente pareciera que estamos viendo la regionalización del caso ‘vacunagate’”. Respecto a este último punto, la noche de ayer Canal N reveló una carta firmada por el embajador peruano en China, Luis Quesada, el 24 de agosto de 2020, en la que solicitaba dos mil dosis adicionales “de emergencia” al presidente del grupo CNBG de Sinopharm.
Desde Huancayo, el presidente de la República, Francisco Sagasti dijo: “No es consuelo que esto suceda en otras partes del mundo, aquí debemos ser celosos y guardianes de que las vacunas llegue a quienes más lo necesitan, no dudaremos, junto con los gobiernos regionales y locales, en denunciar a quienes hagan uso ilegal de las vacunas”.
REGIÓN POR REGIÓN
En Andahuaylas, en la región de Apurímac, el alcalde Adler Malpartida se vacunó de manera irregular el 22 de febrero, aprovechando que tenía una clínica en el centro de la ciudad, según un reporte de la Contraloría.
Malpartida, quien asumió el cargo el 21 de octubre de 2020, es cirujano gineco-obstetra y según la Contraloría “no encaja en los criterios establecidos para la aplicación de la vacuna”.
Este diario se comunicó con su establecimiento de salud para pedir información sobre atención a pacientes con COVID-19 e indicaron que solo realizaban pruebas de descarte. El burgomaestre se justificó amparándose en su profesión médica, mientras que el Colegio Médico de Apurímac dijo que investigará lo sucedido.
En Loreto, de las 66 dosis sobrantes, 35 fueron aplicadas en la Diresa (que no es sede de vacunación); 13 en la casa de reposo Santa Rosa y 18 en la de Betania. En ambos lugares no se cumplía con el requisito mínimo de tener más de 70 años.
Fuentes de la Contraloría informaron a este medio que la Diresa decidió vacunar en esos albergues ante la posibilidad de que caducaran las vacunas de Pfizer, pero no dio aviso para realizar el acompañamiento de control.
En Ucayali, 110 ciudadanos se vacunaron contra el COVID-19 sin estar en el padrón del Minsa porque no cumplían con los criterios establecidos. Ellos recibieron la primera dosis de las 1,835 vacunas que arribaron a dicha región el 10 de febrero de este año.
Asimismo en Moquegua, la Contraloría encontró un frasco de la vacuna de Sinopharm fisurado y sin contenido, hecho que fue reportado a la Gerencia de Salud.
Fuente: Alejandra García/Peru21