La violencia y los asesinatos vinculados al sicariato se han vuelto casi cotidianos
En un momento crítico para la provincia de Zarumilla, donde la violencia y los asesinatos vinculados al sicariato se han vuelto casi cotidianos, el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (COPROSEC), liderado por el alcalde provincial, tomó la difícil decisión de suspender la tradicional Fiesta Patronal y cualquier otro evento social. Con diez votos a favor, las autoridades determinaron que la prioridad absoluta debe ser la seguridad y protección de los habitantes de Zarumilla, una medida que llega en medio de una crisis de seguridad que se ha intensificado en las últimas semanas.
La situación en Zarumilla es alarmante. Los asesinatos consecutivos han dejado a la comunidad en estado de shock, pero lo más indignante es la incapacidad manifiesta de las autoridades locales, especialmente de la comisaria Isis Castillo Huertas. Castillo Huertas ha demostrado ser ineficaz en su labor, limitándose a escuchar y lamentar la situación sin ofrecer resultados concretos. Este fracaso se ha traducido en un verdadero baño de sangre en las calles de Zarumilla, una tragedia que ha costado la vida a numerosos ciudadanos.
A pesar de este desastroso panorama, es escandaloso que un grupo de comunicadores complacientes se haya dedicado a difundir notas de prensa alabando los supuestos logros de la comisaria Castillo Huertas. Estos periodistas, al parecer, están más interesados en proteger su relación con las autoridades que en reportar la verdad. Han celebrado su «trabajo» mientras la violencia continúa desbordándose en Zarumilla, mostrando una falta de ética y compromiso con la realidad de la comunidad.
Ahora que las muertes se han agudizado aún más, estos mismos comunicadores intentan lavarse las manos, actuando como si se sorprendieran por la situación y desviando la culpa hacia el general PNP Javier Gonzáles Novoa. Sin embargo, la comunidad sabe que lo que se necesita con urgencia es un cambio profundo en la estructura de seguridad de Zarumilla. Es imprescindible que el Ministerio del Interior intervenga de inmediato, designando un nuevo jefe del Frente Policial de Tumbes y reemplazando a los comisarios, especialmente a Castillo Huertas, quien ha demostrado ser incapaz de enfrentar la crisis.
El burgomaestre Cristian Aguayo Infante defendió hasta el último momento la realización de la Fiesta Patronal, argumentando la importancia de mantener vivas las tradiciones locales. Sin embargo, su posición fue superada por la mayoría de las autoridades, quienes, bajo la presión de la comunidad y la gravedad de la situación, votaron por la suspensión de las festividades. La fiscal de la Primera Fiscalía Provincial de Zarumilla, en una intervención contundente, recordó que la vida y la seguridad de los ciudadanos deben ser siempre la prioridad, subrayando la responsabilidad de las autoridades de tomar decisiones firmes para proteger a la población.
Con esta decisión, Zarumilla se encuentra en una encrucijada. La suspensión de la Fiesta Patronal, aunque dolorosa, es vista como un paso necesario para intentar frenar la escalada de violencia. Sin embargo, la comunidad exige más que simples medidas temporales; clama por un cambio profundo en las autoridades policiales y una estrategia de seguridad que realmente funcione. Solo así podrán comenzar a reconstruir la confianza perdida y garantizar un futuro más seguro para todos.