Municipalidad transfirió dinero a personas sin acreditar, demoró excesivamente en ejecutar el presupuesto y no verificó la vigencia de las juntas directivas
Un informe de la Contraloría, a través del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Provincial de Zarumilla, ha revelado situaciones adversas de gravedad en la gestión y ejecución del subsidio económico dirigido a los comedores del Programa de Complementación Alimentaria (PCA) entre el 1 y el 7 de julio de 2025. El reporte advierte sobre prácticas administrativas que comprometen la legalidad, transparencia y buen uso de los recursos asignados a casi 4000 beneficiarios de esta provincia tumbesina.
El informe de visita de control (Informe N° 031-2025-OCI/0476-SVC) detalla tres situaciones adversas que ponen en riesgo tanto la continuidad del proceso como los resultados y objetivos fundamentales del programa.
Transferencia de subsidios a personas no reconocidas formalmente. La OCI comprobó que la Municipalidad autorizó transferencias de subsidios económicos a personas que no cuentan con la debida documentación de reconocimiento como presidentes de juntas directivas de los comedores. En algunos casos, los comedores presentaban expedientes incompletos, omitiendo datos esenciales como el nombre del titular o el número de cuenta bancaria. Esta serie de falencias administrativas no fue detectada ni advertida por las áreas responsables, en abierta contravención de la normativa vigente y las directivas internas municipales.
La normativa del programa es clara: la transferencia del subsidio debe realizarse solo a presidentes acreditados de los comedores y a cuentas bancarias registradas formalmente. Ignorar estos requisitos puede habilitar a personas no autorizadas a manejar fondos públicos, generando un grave riesgo de uso indebido de recursos y posible comisión de actos irregulares.
Ejecución tardía y retrasos significativos en la transferencia de recursos. Aunque el Ministerio de Economía y Finanzas transfirió al municipio de Zarumilla S/230,099 desde el mes de febrero de 2025, a fines de junio solo habían sido devengados S/37,060, sin que estos montos hayan llegado a los usuarios finales ni a los comedores populares. El trámite administrativo para proceder al pago demoró 56 días hábiles desde la solicitud inicial, lo que evidencia una deficiente gestión interna.
Dicha demora ha implicado que los recursos económicos asignados para paliar la pobreza y mejorar la seguridad alimentaria lleguen tarde, afectando a 88 comedores y cerca de 4,000 beneficiarios en los distritos de Zarumilla, Aguas Verdes, Matapalo y Papayal. La inoportuna transferencia de los fondos debilita la finalidad misma del programa y pone en entredicho la adecuada administración de los dineros públicos.
Falta de reconocimiento formal y debida acreditación en las juntas directivas. El control realizado halló que muchas juntas directivas de los comedores populares no cuentan con resolución formal de reconocimiento vigente o ni siquiera aparecen registradas en los archivos municipales. En varios expedientes, la documentación es insuficiente, inconsistente, o en algunos casos, están utilizando resoluciones correspondientes a otros programas sociales, como el Vaso de Leche.
Esto vulnera la legitimidad y transparencia del proceso, ya que permite que personas no reconocidas legalmente puedan recibir y administrar fondos públicos; además, constituye una violación a los convenios y compromisos asumidos con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
La Contraloría advierte que el incumplimiento de las obligaciones asumidas en el convenio de gestión con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social podría derivar en la resolución del convenio, poniendo en riesgo la continuidad de la atención alimentaria a miles de personas vulnerables de Zarumilla y distritos aledaños.
El órgano de control ha otorgado un plazo de cinco días hábiles a la Municipalidad para informar sobre las acciones correctivas o preventivas que disponga en respuesta a estas observaciones, instando a fortalecer los mecanismos internos de supervisión y control, y a regularizar inmediatamente la situación administrativa de los titulares y juntas directivas de los comedores.